Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo autorizó la extradición a España de Jonathan Vera Pozo, ciudadano español de 41 años detenido en Punta Cana durante la operación internacional Fast Lap. Las autoridades españolas lo señalan como uno de los presuntos dirigentes de una red de narcotráfico y lavado de activos.
La medida está contenida en el Decreto núm. 795-26, firmado por la vicepresidenta Raquel Peña en funciones de encargada del Poder Ejecutivo. La disposición autoriza la entrega de Vera Pozo para que responda en España por presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
El Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid solicitó la extradición en el marco de las diligencias previas núm. 7/2026. La investigación, iniciada en septiembre de 2023, examina una estructura que, según las autoridades españolas, enviaba cocaína a Europa y utilizaba empresas y operaciones financieras para ocultar las ganancias.
Los investigadores vinculan a la presunta red con cuatro decomisos en Panamá que, en conjunto, superaron los 1,500 kilogramos de cocaína. Según las pesquisas, los cargamentos procedían principalmente de Colombia y Panamá y eran trasladados a Europa en contenedores marítimos.
La investigación también apunta a la presunta compra de propiedades y al desarrollo de proyectos inmobiliarios para blanquear capitales. Entre los lugares mencionados figuran República Dominicana, Dubái y varias localidades españolas, como Ibiza, Marbella y Madrid. Las autoridades dominicanas no han identificado públicamente los inmuebles bajo investigación en el país.
Durante el allanamiento en Punta Cana, las autoridades ocuparon contratos de préstamos e inmuebles, documentos de vehículos, tarjetas bancarias, equipos electrónicos y tres dispositivos para almacenar claves de acceso a criptomonedas.
El inventario también incluyó siete relojes de alta gama, joyas, un vehículo Mercedes-Benz y US$11,500 y RD$79,815 en efectivo.
Según el balance de la operación Fast Lap, fueron detenidas 27 personas, 26 en España y Vera Pozo en República Dominicana. Las autoridades también informaron del bloqueo de 95 inmuebles y alrededor de 200 bienes muebles vinculados con los investigados.
En República Dominicana, el operativo contó con la participación del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto con organismos internacionales como la DEA, la Policía Nacional española, la Guardia Civil y Europol.
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