LA ROMANA.– La jueza Denia Beras de Mota, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, pospuso para el 20 de noviembre el inicio de la lectura de la acusación en la audiencia preliminar del caso Operación Guepardo, relacionado con presunto fraude inmobiliario y lavado de activos.
La magistrada estableció el 16 de noviembre de 2026 como fecha límite para recibir nuevas querellas, con el propósito de organizar su incorporación y facilitar las notificaciones antes de que continúe el proceso.
La decisión permitirá que las personas afectadas que todavía no hayan formalizado sus reclamaciones puedan constituirse en querellantes y actores civiles, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
El aplazamiento también busca garantizar la notificación de las querellas depositadas después de que el Ministerio Público presentara su acusación, de manera que las partes puedan conocerlas antes de la continuación de la audiencia preliminar.
Los procesados son Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
La acusación incluye, además, a las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24 SRL. El órgano acusador sostiene que estas entidades habrían sido utilizadas para canalizar recursos de presunto origen ilícito.
Por su supuesta vinculación con los hechos, Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi permanecen detenidas en Colombia. Según el Ministerio Público dominicano, ambas salieron hacia ese país para evadir la persecución penal.
Las autoridades dominicanas se encuentran a la espera de una respuesta oficial de Colombia sobre la extradición de las dos investigadas, de acuerdo con la información suministrada sobre el expediente.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Claudio Cordero y Pedro Medina Quezada, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con Mayerling Rondón, de la Fiscalía de La Romana.
La investigación se desarrolló en 2025 bajo la denominada Operación Guepardo. La acusación reúne más de 1,660 elementos de prueba contra una presunta estructura dedicada al fraude inmobiliario, la estafa electrónica y el lavado de activos.
Según el órgano persecutor, los hechos habrían perjudicado a más de 426 personas, dominicanas y extranjeras. El expediente permanece en la fase preliminar, por lo que los señalamientos deberán ser examinados judicialmente y no constituyen una sentencia de culpabilidad.
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