CARACAS.– Representantes del chavismo y de un sector de la oposición venezolana acordaron revisar las disposiciones legales relacionadas con las inhabilitaciones políticas y constituir una comisión conjunta para gestionar el desbloqueo del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.
Los compromisos fueron anunciados al concluir el tercer ciclo de conversaciones, desarrollado durante una semana. Las partes plantearon examinar la Ley Orgánica de la Contraloría General, particularmente los procedimientos utilizados para impedir que dirigentes ejerzan cargos públicos.
La revisión anunciada no equivale al levantamiento inmediato de las inhabilitaciones. El acuerdo establece el compromiso de examinar la normativa, mientras quedan pendientes las modificaciones concretas y su aplicación.
La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, informó que también se promoverá una revisión de la Ley de Partidos Políticos, con el propósito declarado de garantizar la participación de los distintos actores y fortalecer la democracia.
La agenda incluye, además, el examen de la Ley Simón Bolívar y de la definición del terrorismo en la legislación contra la delincuencia organizada. Estos asuntos forman parte de las discusiones sobre garantías políticas y funcionamiento institucional.
En el ámbito económico, las delegaciones pactaron crear una comisión paritaria para realizar gestiones ante las instituciones británicas sobre las reservas de oro retenidas. Su conformación supone una representación de ambas partes en las diligencias.
El anuncio constituye un paso para tramitar la recuperación de los activos, pero no confirma que el Reino Unido haya autorizado su liberación ni establece una fecha para que los recursos estén disponibles.
Las conversaciones dan continuidad a compromisos anteriores sobre activos en el exterior. Según lo divulgado, las partes buscan destinar esos recursos a la atención de la población afectada por los terremotos de junio y a la recuperación de servicios públicos.
La negociación reúne al chavismo y a una representación opositora, por lo que los entendimientos anunciados corresponden a los participantes de esa mesa y no implican una posición conjunta de todas las organizaciones políticas venezolanas.
El alcance de los acuerdos dependerá de los cambios legales que se concreten y del resultado de las gestiones en el Reino Unido. Por ahora, las decisiones comunicadas establecen una agenda de revisión y cooperación, con su ejecución todavía pendiente.
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