Asunción, Paraguay.– Santiago Peña presentó este jueves 5 de noviembre su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank. Horas después, la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos a favor y ninguno en contra la acusación para someterlo a juicio político y remitió el expediente al Senado.
Peña afirmó que tomó la decisión para preservar la estabilidad del país y pidió que se protejan los fondos públicos y se garantice la devolución de los depósitos. También negó haber cometido irregularidades relacionadas con su antigua participación accionaria en el grupo empresarial vinculado al banco.
El Banco Central del Paraguay dispuso el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank mediante una decisión fechada el 2 de noviembre. El regulador informó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. El banco tenía cerca de tres millones de clientes y, según Reuters, administraba alrededor de US$850 millones en recursos públicos.
La crisis puso bajo escrutinio los vínculos financieros de Peña con el grupo. De acuerdo con registros examinados por el diario paraguayo ABC Color, el mandatario declaró acciones por 6,144 millones de guaraníes, equivalentes entonces a unos US$840,000, en Ueno Holding. En marzo de 2025, esa participación representaba el 1.58 % del capital de la compañía.
Peña se desprendió de esas acciones a finales de marzo de 2025, tras aproximadamente 19 meses en el cargo. La participación declarada correspondía a Ueno Holding, una sociedad vinculada al grupo empresarial, y era distinta de los depósitos personales que mantenía en Ueno Bank.
La acusación legislativa sostiene que existió un conflicto de intereses entre la participación accionaria de Peña y la colocación de recursos estatales en el banco. Ese señalamiento forma parte del expediente remitido al Senado, al que corresponde decidir sobre el proceso.
Mientras avanza el trámite legislativo, el Banco Central anunció que iniciará el pago de la garantía a los depositantes que cumplan las condiciones establecidas por la ley.
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