Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo promulgó este jueves 5 de noviembre la Ley 88-26, que aplaza por 18 meses la entrada en vigor de las disposiciones del nuevo Código Penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su aplicación, prevista inicialmente para este jueves, comenzará el 5 de mayo de 2028.
La ley modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y prorroga la entrada en vigor de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal dominicano. La prórroga mantiene la excepción prevista en el artículo 393 del código.
Según la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el plazo adicional busca dar tiempo a las personas jurídicas para ajustar sus mecanismos internos de prevención, supervisión y control. También permitirá a las instituciones del sistema de justicia prepararse para aplicar esas disposiciones.
El Senado aprobó la iniciativa el miércoles con 26 votos a favor y ninguno en contra, luego de acoger los cambios de la Cámara de Diputados. La propuesta original contemplaba un aplazamiento de 24 meses, pero los diputados lo redujeron a 18.
Los artículos aplazados establecen en qué condiciones una persona jurídica puede ser investigada, procesada y sancionada por determinados delitos cometidos por sus directivos, representantes o empleados. La responsabilidad de la entidad deberá establecerse en un proceso judicial.
Entre las sanciones previstas figuran multas, cierre temporal o definitivo de establecimientos, revocación de licencias, inhabilitación para contratar con el Estado y disolución de la empresa.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) habían solicitado la prórroga. Ambos gremios sostenían que las empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas, necesitaban más tiempo para adecuar sus controles internos.
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