Santo Domingo.- Economistas consultados consideran que la reciente Ley 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional no debería generar aumentos descontrolados en los precios de la canasta familiar durante su etapa inicial de aplicación, manteniendo así un escenario de estabilidad económica para los consumidores.
La legislación surge en un contexto internacional marcado por el incremento de los precios del petróleo, presiones inflacionarias, incertidumbre económica global y políticas monetarias restrictivas, factores señalados por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, más del 90 % de los recursos que se espera recaudar con la nueva normativa provendrán del 1 % de la población con mayores ingresos. Las estimaciones oficiales proyectan una recaudación adicional de entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones.
No obstante, especialistas advierten que uno de los principales retos será evitar que las nuevas cargas tributarias sean trasladadas al consumidor final mediante incrementos en los precios de bienes y servicios.
Actualmente, los alimentos continúan representando una de las mayores presiones para el presupuesto de los hogares dominicanos. Productos esenciales como el pollo, arroz, plátanos, huevos, aceites, carnes, habichuelas y leche mantienen precios elevados en distintos establecimientos comerciales del país.
Las diferencias de precios entre supermercados, colmados y mercados de productores también reflejan la dinámica actual del mercado y el impacto que tiene la cadena de comercialización sobre el costo de vida.
Mientras tanto, miles de familias mantienen la expectativa de que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno contribuyan a estabilizar los precios y generar alivio en el gasto doméstico durante los próximos meses.
Economistas consideran que el comportamiento de la canasta básica será uno de los principales indicadores para evaluar el impacto real de la Ley 30-26 sobre el bolsillo de los dominicanos y la evolución de la economía nacional.
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