Santo Domingo.- La Ley 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional establece un régimen especial de amnistía fiscal con el propósito de incentivar la regularización voluntaria de obligaciones tributarias pendientes y fortalecer la recaudación estatal sin aplicar impuestos generalizados.
La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y será implementada conforme a los procedimientos que establecerá la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) mediante una norma general.
El régimen permitirá que contribuyentes con deudas determinadas por la Administración Tributaria, actualmente sometidas a recursos administrativos o judiciales, puedan ponerse al día mediante el pago del impuesto adeudado y una suma equivalente de hasta un año de intereses indemnizatorios.
Como requisito fundamental para acogerse al beneficio, los contribuyentes deberán desistir formalmente de los recursos o acciones legales que mantengan en curso contra la Administración Tributaria.
Asimismo, la legislación incluye a contribuyentes cuyas obligaciones fiscales ya hayan adquirido la condición de cosa irrevocablemente juzgada. En estos casos, podrán regularizar su situación pagando el impuesto pendiente más hasta un año de recargos moratorios e intereses indemnizatorios.
La ley también beneficia a quienes omitieron presentar declaraciones correspondientes a períodos fiscales no prescritos. Estos podrán cumplir con sus obligaciones mediante la presentación de las declaraciones pendientes y el pago de los impuestos generados, limitando los recargos e intereses a un período máximo de un año.
Otro aspecto importante de la normativa es que contempla facilidades de pago fraccionado. La Administración Tributaria podrá autorizar acuerdos para pagar en cuotas, siempre que el plazo total no exceda los doce meses.
Sin embargo, la legislación advierte que cualquier incumplimiento de las condiciones pactadas provocará la pérdida automática de los beneficios otorgados por la amnistía fiscal.
Las autoridades consideran que esta iniciativa contribuirá a recuperar recursos para el Estado, reducir litigios tributarios y ofrecer una oportunidad de regularización a miles de contribuyentes que enfrentan dificultades económicas o mantienen conflictos administrativos pendientes.
About the Author
