SANTO DOMINGO.– El constante aumento en los precios de los alquileres de viviendas continúa convirtiéndose en una de las principales preocupaciones para miles de familias dominicanas, que cada mes deben destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de la renta, reduciendo significativamente su capacidad para cubrir otras necesidades esenciales.
La mayoría de los inquilinos organiza sus gastos mensuales en función del salario que recibe, destinando una parte importante de sus ingresos al pago de la vivienda, por lo que cualquier incremento inesperado afecta de manera directa la estabilidad financiera de la familia.
“Cada inquilino organiza sus finanzas de acuerdo con el salario que percibe y mensualmente debe destinar una cantidad importante de dinero al alquiler. Cuando ese monto aumenta por encima de lo previsto, el impacto en la economía del hogar es considerable.
Especialistas indicó que los trabajadores de ingresos medios y bajos son quienes enfrentan las mayores dificultades, debido a que, en muchos casos, deben dedicar una parte significativa de su salario únicamente al pago del alquiler, limitando los recursos disponibles para alimentación, educación, transporte, salud y otros gastos esenciales.
A juicio del abogado, el incremento de las rentas también reduce considerablemente la capacidad de ahorro de las familias, dificultando la posibilidad de adquirir una vivienda propia o enfrentar situaciones económicas imprevistas.
En relación con el marco jurídico vigente, recordó que la Ley 85-25 sobre alquileres establece reglas claras para proteger tanto a propietarios como a inquilinos, fijando límites específicos para los reajustes en los contratos de arrendamiento destinados a viviendas.
Explicó que la legislación dispone que los alquileres solo pueden ser reajustados una vez al año, y que dicho incremento no podrá exceder el 10 % anual, salvo las excepciones contempladas por la propia normativa.
Asimismo, advirtió que cualquier aumento que supere ese porcentaje puede ser impugnado por el inquilino ante las autoridades competentes, al tratarse de una actuación que podría vulnerar las disposiciones establecidas por la legislación vigente.
El abogado también destacó que la nueva ley introdujo modificaciones importantes en los procedimientos de desalojo, permitiendo que estos se desarrollen con mayor agilidad cuando se cumplen todos los requisitos legales establecidos para tales fines.
No obstante, enfatizó que tanto propietarios como arrendatarios deben actuar siempre dentro del marco del debido proceso, respetando las obligaciones asumidas en el contrato y las garantías que reconoce la legislación dominicana para ambas partes.
Finalmente, aconsejó leer cuidadosamente cada una de las cláusulas del contrato de arrendamiento, mantener al día el pago de la renta y atender oportunamente cualquier notificación emitida por el propietario o por las autoridades competentes, con el propósito de proteger sus derechos y evitar conflictos legales que puedan afectar su permanencia en la vivienda.

