El Gobierno de Rusia informó que elevará la carga tributaria a ciudadanos y empresas con el objetivo de financiar el esfuerzo bélico en Ucrania, una medida que incluye el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 20 % al 22 % en 2026, además de otros ajustes fiscales de amplio alcance.
Según el Ministerio de Finanzas, la prioridad presupuestaria del Kremlin se concentrará en defensa, seguridad y programas de apoyo social vinculados a la denominada “operación militar especial”. La decisión llega en un contexto de desaceleración económica, presiones inflacionarias y menor dinamismo del consumo interno.
Sectores estratégicos como energía, minería y metalurgia, así como grandes corporaciones estatales, enfrentan baja inversión y reducción de la demanda, mientras el mercado interno muestra una mayor presencia de productos importados, principalmente de origen asiático. Analistas prevén que el país podría entrar a 2026 con crecimiento casi nulo y mayores tensiones fiscales.
El plan fiscal contempla, además del alza del IVA, aumentos en el impuesto sobre la renta, mayor carga para empresas, la reducción de beneficios a autónomos y pymes, tasas más altas para vehículos y una duplicación del impuesto al sector tecnológico. Paralelamente, el Gobierno ha intensificado procesos de confiscación y nacionalización de activos, medidas que buscan reforzar la recaudación.
Especialistas advierten que el incremento impositivo podría encarecer costos de producción, trasladarse a precios finales y debilitar el consumo, afectando con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas. También alertan sobre el riesgo de estanflación, combinación de estancamiento económico y aumento de precios.
En el plano político, la iniciativa abre un debate interno entre quienes promueven una política monetaria restrictiva para controlar la inflación y aquellos que demandan mayor estímulo a la inversión. El presidente Vladímir Putin ha señalado que la población comprenderá los ajustes si se preservan la seguridad y los programas sociales, aunque economistas coinciden en que el costo recaerá principalmente sobre los contribuyentes.
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