Santiago.- El Ministerio Público solicitó este martes la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra los principales imputados en la Operación Onco14, caso que investiga un presunto entramado de corrupción y fraude que habría afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), mediante el desvío de fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La solicitud de medida de coerción fue presentada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como contra su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Además de la prisión preventiva, el órgano acusador solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la gravedad de los hechos investigados, la cantidad de pruebas reunidas y las posibles sanciones que podrían derivarse del proceso judicial.
La audiencia fue encabezada por la jueza Estefani Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. Sin embargo, el conocimiento de la medida fue suspendido y continuará el próximo jueves 25 de junio a las 4:00 de la tarde, cuando las partes iniciarán la fase de réplica y contrarréplica.
El equipo litigante del Ministerio Público estuvo integrado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago; Joanna García y Elvin Ventura, especialistas en casos complejos.
Según la investigación, los imputados habrían utilizado diversos mecanismos fraudulentos para sustraer recursos destinados a pacientes oncológicos, incluyendo doble facturación al SeNaSa, uso de sellos médicos falsificados, alteración de indicaciones médicas, venta de medicamentos donados, reembolsos irregulares, sobornos, lavado de activos y otras prácticas ilícitas.
Las autoridades sostienen que parte de los recursos fueron canalizados a través de entidades vinculadas a los acusados, entre ellas la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y la firma Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center.
La Operación Onco14 fue ejecutada por la Dirección General de Persecución, el Pepca y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), logrando la ocupación de dinero en efectivo, equipos electrónicos, documentos, vehículos, un arma de fuego y otras evidencias relevantes para el proceso.
Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
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