SANTO DOMINGO.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto continuar este miércoles 7 de octubre el juicio de fondo correspondiente a la denominada Operación Calamar, proceso que incluye al exministro de Hacienda Donald Guerrero y a otros exfuncionarios y particulares acusados por el Ministerio Público de presuntos actos de corrupción administrativa.
La audiencia había sido aplazada debido a la licencia médica presentada desde el pasado 21 de septiembre por el excontralor general Daniel de Jesús Caamaño, quien también figura entre los procesados. La presidenta del tribunal, magistrada Arlin Ventura, indicó anteriormente que esperaba que el imputado estuviera en condiciones de comparecer para la fecha fijada.
Con la reanudación, el Ministerio Público continuará con la presentación de su acusación ante el tribunal, luego de que fueran rechazadas solicitudes formuladas por varias defensas para declarar extinguida la acción penal.
Además de Guerrero y Caamaño, el proceso incluye a antiguos funcionarios como Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, así como abogados y particulares señalados en el expediente.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la presunta estructura habría participado en irregularidades relacionadas con pagos por expropiaciones de terrenos, manejo de recursos públicos y otras operaciones financieras. El órgano persecutor atribuye a los procesados distintas conductas penales que deberán ser demostradas durante el juicio.
La Operación Calamar pasó a juicio de fondo después de que el tribunal de instrucción correspondiente emitiera autos de apertura contra decenas de personas señaladas en el expediente. Esta fase permitirá al Ministerio Público presentar sus pruebas y a las defensas controvertirlas antes de que el tribunal determine las responsabilidades individuales.
Las imputaciones formuladas por el Ministerio Público constituyen acusaciones que aún deben ser probadas ante el tribunal. Todos los procesados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.

