SANTO DOMINGO.– El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la noche de este domingo prisión preventiva contra ocho imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, además de declarar el expediente de tramitación compleja.
La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público solicitara 18 meses de prisión preventiva contra los procesados, a quienes vincula con un presunto esquema de corrupción y fraude en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
El tribunal también ordenó arresto domiciliario para Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otros imputados les fueron impuestas garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país, dependiendo de la situación individual de cada procesado.
De acuerdo con el Ministerio Público, el expediente investiga un supuesto fraude estimado en RD$40 millones, mediante cobros y facturaciones por servicios médicos que, según la acusación, no habrían sido realizados.
Tras concluir la audiencia, el director general de Persecución, Wilson Camacho, advirtió sobre los riesgos de que profesionales de la medicina faciliten sus códigos de acceso a terceros y sostuvo que esa práctica puede derivar en responsabilidades penales. También afirmó que las investigaciones relacionadas con el caso SeNaSa continúan abiertas.
La Operación Cobra 2.0-A incluye a exempleados de SeNaSa, médicos y particulares señalados por el órgano acusador por supuestas violaciones relacionadas con asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, delitos de alta tecnología y, en algunos casos, lavado de activos.
Las imputaciones permanecen bajo conocimiento de los tribunales y las responsabilidades penales deberán ser determinadas mediante el proceso judicial correspondiente.
About the Author
