SANTO DOMINGO ESTE.– La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el expediente sea declarado de tramitación compleja contra cuatro hombres imputados por el asalto ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, hecho en el que falleció su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el artista resultó herido.
Los procesados son Phillips Michael Tejeda Vásquez; Juan Carlos Hernández García, alias “Peña”; Kevin Dariel Germán Troncoso, conocido como “Yandel”, de 23 años; y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias “Chiquito”, de 18. Los cuatro fueron trasladados a la Fiscalía de Santo Domingo Este bajo estrictas medidas de seguridad.
La audiencia para conocer la solicitud de coerción fue fijada para este viernes y colocada entre los últimos casos del rol de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción.
De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, Tejeda Vásquez mantenía una relación laboral y de confianza con el artista debido a trabajos que realizaba en sus propiedades. Los investigadores sostienen que habría tenido participación en la coordinación del hecho, señalamiento que deberá ser establecido ante los tribunales.
Liranzo Marcos también era conocido por la familia y realizaba labores en una propiedad en construcción del cantante ubicada en el municipio de Guerra. La Policía ha señalado que dos de los imputados habrían ingresado directamente a la vivienda, mientras continúa determinándose el grado de responsabilidad individual de cada procesado.
Según la versión de los investigadores, antes de producirse el ataque, Zeneida Socorro Castillo habría atendido a algunas de las personas que posteriormente fueron vinculadas al caso, un elemento que forma parte de las evidencias bajo análisis del Ministerio Público.
Durante las diligencias, la Policía informó sobre la recuperación de dinero en efectivo, prendas y otros objetos presuntamente relacionados con el asalto, además de una motocicleta que habría sido utilizada durante el hecho.
Corresponderá al tribunal evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía y las defensas para determinar las medidas de coerción aplicables mientras continúa la investigación.
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