Santo Domingo, R.D.– El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra nueve personas señaladas como integrantes de una presunta organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos, porte ilegal de armas y otros delitos, desmantelada mediante la Operación Leopardo.
De acuerdo con el expediente, la estructura estaría vinculada al tráfico de 1,693.42 kilogramos de cocaína, equivalente a casi 1.7 toneladas, además de movilizar más de RD$258.8 millones y US$1.6 millones a través de depósitos bancarios, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos utilizados presuntamente para el lavado de activos.
La acusación fue presentada contra Moisés Severino Inirio (El Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (El Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
Según el Ministerio Público, la organización utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos de la región Este para recibir, almacenar y transportar cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, ingresados por las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá.
La investigación establece que parte de la droga era enviada posteriormente en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde presuntamente era distribuida hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos internacionales.
Entre las principales evidencias figura la ocupación de 993 paquetes de cocaína, con un peso de 1,027.15 kilogramos, incautados el 25 de abril de 2025 en la embarcación “Lucifer”, en la zona de Cap Cana. Posteriormente, durante 17 allanamientos simultáneos realizados en octubre de ese mismo año, fueron decomisados otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de ellos almacenados en un establecimiento comercial de San Rafael del Yuma.
El expediente también atribuye a la organización operaciones de lavado de activos mediante depósitos fraccionados, transferencias entre cuentas relacionadas, uso de empresas de fachada, operaciones inmobiliarias, el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas, principalmente USDT.
Como parte de la acusación, el Ministerio Público solicitó el decomiso de bienes y activos presuntamente adquiridos con dinero del narcotráfico, entre ellos US$154,800, RD$927,000 en efectivo, una villa de lujo en Cap Cana valorada en US$820,000, apartamentos, solares, embarcaciones, vehículos, armas de fuego, equipos electrónicos, dinero, joyas y documentación financiera.
La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de La Altagracia, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
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