Santo Domingo.– Ocho meses después de la tragedia ocurrida en el ensanche Naco, las imágenes captadas por cámaras de seguridad del apartamento de Ivonne Handal Abigail han reavivado el debate público tras la decisión judicial que declaró inimputable al principal acusado.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la libertad de Jean André Pumarol Fernández, señalado como responsable de un ataque ocurrido el 23 de julio de 2025 en el residencial Dorado IV, que dejó una mujer muerta y cinco personas heridas.
De acuerdo con los testimonios y las grabaciones, el hecho se produjo alrededor de las 4:36 de la tarde, cuando el agresor, armado con dos cuchillos, irrumpió en la vivienda tras tocar la puerta. La empleada doméstica fue la primera en ser atacada, logrando sobrevivir tras refugiarse en una habitación.
Posteriormente, la víctima, de 70 años, fue atacada de forma reiterada. Según sus familiares, recibió 36 puñaladas mientras pedía auxilio, en un hecho calificado como de extrema violencia.
Las grabaciones, que no han sido difundidas por respeto a la dignidad de la víctima, muestran comportamientos del agresor que, según la familia, generan cuestionamientos sobre la decisión judicial, incluyendo desplazamientos dentro del apartamento y respuestas a estímulos externos durante el ataque.
El psiquiatra Héctor Guerrero Heredia explicó que, durante episodios psicóticos, una persona puede ejecutar acciones aparentemente coherentes, lo que complejiza la evaluación de responsabilidad penal.
Tras el hecho, el imputado fue trasladado a centros de salud mental, incluyendo la Clínica Gómez Patiño y el Hospital Moscoso Puello, donde fue evaluado por especialistas. Posteriormente, un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) indicó que podía enfrentar un proceso judicial, aunque no se determinó con certeza su estado mental al momento del ataque.
A pesar de ello, el tribunal, presidido por el juez Deivi Timoteo Peguero, aplicó el artículo 64 del Código Penal dominicano, declarando inimputable al acusado y ordenando su libertad.
La decisión fue respaldada por la familia del imputado, mientras que los familiares de la víctima la calificaron como una injusticia, al considerar que el caso debió ser conocido en un juicio de fondo.
El abogado Miguel Valerio sostuvo que la inimputabilidad debió debatirse durante el juicio con la participación de peritos y expertos.
El caso también generó reacciones públicas, incluyendo pronunciamientos de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y la primera dama, Raquel Arbaje, quienes expresaron preocupación por la decisión.
Este hecho ha reabierto el debate sobre el tratamiento de personas con trastornos mentales dentro del sistema judicial dominicano, así como las limitaciones en materia de salud mental y seguridad pública.
Mientras el caso entra en una nueva fase judicial con un recurso de apelación anunciado por la familia de la víctima, sus allegados reiteran que su lucha busca evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse en la sociedad dominicana.
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