SANTO DOMINGO.– El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Mario Díaz, solicitó al director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, disponer la intervención inmediata de varias rutas del transporte público de pasajeros en Santiago de los Caballeros y suspender sus licencias de operación por haber incrementado de manera unilateral el precio del pasaje.
Díaz afirmó que los aumentos aplicados en esas rutas constituyen una violación a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al considerar que ninguna organización sindical o empresa de transporte tiene facultad para modificar las tarifas sin la autorización de las autoridades competentes.
El dirigente sindical sostuvo que, además de la suspensión de las licencias de operación, el INTRANT debe intervenir las rutas señaladas para restablecer el orden y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el sistema de transporte terrestre en la República Dominicana.
Explicó que una comisión de técnicos e inspectores de FENATTRANSC realizó un levantamiento en las distintas rutas de concho que operan en Santiago, determinando que alrededor de siete rutas incrementaron el costo del pasaje de manera unilateral.
Según el informe elaborado por esa comisión técnica, las rutas involucradas serían las únicas controladas por el grupo encabezado por Juan Marte, organización a la que atribuye la decisión de aplicar el aumento tarifario sin la autorización correspondiente.
Mario Díaz aseguró que el incremento fue impuesto mediante presuntas presiones políticas, chantajes e intimidaciones contra choferes afiliados a esas organizaciones, situación que, según afirmó, afecta el libre ejercicio de quienes prestan servicio dentro del sistema de transporte público.
El dirigente recordó que la Ley 63-17 otorga al INTRANT la facultad exclusiva de regular las tarifas del transporte público de pasajeros, así como de imponer sanciones administrativas a operadores y empresas que incumplan las normas establecidas.
Precisó que dicha legislación contempla medidas como la suspensión o revocación de las autorizaciones y licencias de operación cuando se compruebe que un operador ha actuado en perjuicio del interés público o ha desacatado las decisiones emitidas por la autoridad competente.
“Las tarifas del transporte público no pueden ser modificadas por decisión unilateral de ninguna organización sindical ni de ningún operador. Esa es una atribución exclusiva de las autoridades competentes conforme al marco legal vigente. Permitir este tipo de acciones debilitaría la autoridad del Estado y crearía un precedente de indisciplina que pondría en riesgo la estabilidad del sistema de transporte de pasajeros a nivel nacional”, expresó Díaz.
El secretario general de FENATTRANSC manifestó que corresponde al INTRANT ejercer plenamente las atribuciones que le confiere la legislación para garantizar el respeto al orden jurídico, proteger los derechos de los usuarios del transporte público y preservar la seguridad jurídica de los operadores que cumplen las normas.
Asimismo, advirtió que la falta de sanciones frente a este tipo de actuaciones podría incentivar que otras organizaciones adopten medidas similares en distintas provincias del país, provocando aumentos arbitrarios en el costo del transporte y afectando directamente la economía de miles de familias dominicanas.
Díaz consideró que una respuesta firme de las autoridades serviría para fortalecer el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que las disposiciones legales deben ser respetadas por todos los actores que integran el sistema nacional de transporte terrestre.
En ese sentido, exhortó al director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, a ordenar una investigación administrativa inmediata que permita establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si las rutas denunciadas incurrieron en violaciones a la legislación vigente.
Finalmente, Mario Díaz pidió que, una vez concluyan las investigaciones y se comprueben los hechos denunciados, el INTRANT aplique las sanciones contempladas en la Ley 63-17, incluyendo la suspensión de las licencias de operación de las rutas involucradas, con el propósito de preservar el orden institucional, proteger a los usuarios y garantizar el cumplimiento del marco legal que regula el transporte público de pasajeros en el país.
About the Author
