Santo Domingo.- A un mes del apresamiento del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10,000 dólares, el proceso judicial continúa sin que se le haya dictado medida de coerción.
El caso, que involucra como testigo al exfuncionario Roberto Canaán, es llevado por el Ministerio Público, que ha solicitado un año de prisión preventiva contra el imputado.
Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, enfrenta un proceso que se encuentra detenido parcialmente en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La paralización del caso responde a una solicitud de la defensa técnica, que busca apartar a la magistrada Ysis Muñiz Almonte del conocimiento del proceso.
Según la investigación, el fiscal habría solicitado inicialmente 200,000 dólares a la persona investigada, cifra que posteriormente se redujo a 150,000 dólares durante una negociación.
En relación con este incidente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para decidir sobre la permanencia de la jueza en el caso, remitiendo el expediente a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La sesión fue presidida por el magistrado Luis Henry Molina Peña, junto a otros miembros del alto tribunal.
El proceso continúa a la espera de una decisión sobre la recusación planteada, lo que mantiene en suspenso el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.
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