SANTO DOMINGO.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso este miércoles la libertad del exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir presuntamente US$10,000 como parte de un soborno relacionado con una investigación por supuestos hechos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El juez Raymundo Mejía sustituyó la prisión preventiva que cumplía Valdez Alcántara por una garantía económica de RD$1 millón, a través de una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Durante la misma audiencia, el magistrado dictó auto de apertura a juicio contra el exfiscal, por lo que el proceso continuará ahora en un tribunal de fondo, donde serán debatidas las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa.
Según la acusación, Valdez Alcántara habría utilizado información obtenida mientras formaba parte de una investigación vinculada a SeNaSa para exigir dinero a Roberto Canaán, quien se encontraba bajo investigación dentro de ese expediente.
El Ministerio Público sostiene que ambos se reunieron el 13 de marzo de 2026 en el estacionamiento de una plaza comercial del Distrito Nacional. Conforme al expediente, el entonces fiscal habría ofrecido influir en el curso del proceso a cambio de un beneficio económico.
La acusación señala que inicialmente habría solicitado US$200,000 y posteriormente reducido la cantidad a US$150,000. Los fiscales también sostienen que durante las conversaciones se habría planteado la posible entrega de otros bienes de alto valor.
Como parte de las investigaciones, las autoridades organizaron una entrega vigilada autorizada judicialmente. El 27 de marzo, Canaán entregó US$10,000 en efectivo a Valdez Alcántara, dinero que, según el Ministerio Público, había sido previamente preparado para la operación controlada.
Tras esa entrega, el entonces fiscal fue detenido por las autoridades. Posteriormente, una jueza de instrucción especial le impuso tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, medida que fue mantenida durante las etapas siguientes del proceso.
Valdez Alcántara formaba parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) cuando ocurrieron los hechos investigados. Más adelante presentó su renuncia al Ministerio Público, perdiendo así la jurisdicción privilegiada que le correspondía por su cargo.
Como consecuencia, el expediente fue remitido a la jurisdicción ordinaria y quedó bajo conocimiento del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Con la decisión de este miércoles, Valdez Alcántara continuará enfrentando el proceso en libertad, sujeto a las medidas de coerción impuestas. El envío a juicio no constituye una declaración de culpabilidad, por lo que mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
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