VILLA ALTAGRACIA.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva a Vicente Oviedo Beltré, alias Celin, imputado por la muerte de Lucía Paulino Puello, conocida como Sonia, de 62 años, ocurrida en octubre de 2023.
La jueza Sudelgi Rosario Mena acogió la solicitud presentada por la fiscal litigante Rosa Hernández y ordenó que el procesado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, provincia San Cristóbal.
Según informó el Ministerio Público, Oviedo Beltré permaneció prófugo durante casi tres años hasta su arresto, ejecutado mediante orden judicial el pasado 13 de octubre.
La investigación sitúa los antecedentes del hecho en un establecimiento del kilómetro 40 de la autopista Duarte, donde el imputado compartía con su esposa y Miguel Antonio Aponte Paulino, hijo de la víctima.
De acuerdo con el órgano acusador, Aponte Paulino intervino al advertir una discusión entre Oviedo Beltré y su pareja. Aunque este se habría tranquilizado inicialmente, poco después presuntamente intentó agredirlo con un arma blanca, lo que provocó que el hombre escapara hacia su residencia.
La Fiscalía sostiene que el imputado lo persiguió hasta la vivienda, ubicada en el sector Las Batatas, y forzó la puerta de entrada. Una vez dentro, encontró a Paulino Puello, a quien habría ocasionado una herida en el tórax con el arma blanca.
Tras la agresión, Oviedo Beltré presuntamente abandonó el lugar. El expediente recoge testimonios de personas que aseguraron haberlo visto alejarse de la casa con el cuchillo señalado como el utilizado en el hecho.
El cuerpo de la mujer fue levantado e identificado durante la madrugada del 16 de octubre de 2023 por representantes del Ministerio Público, agentes de investigación de la Policía Nacional y un médico legista. La víctima presentaba una lesión de arma blanca en el tórax.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía de Villa Altagracia obtuvo la orden de arresto número 498-2023, emitida por el Juzgado de Instrucción de esa jurisdicción.
El Ministerio Público atribuye al detenido presuntas infracciones a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La prisión preventiva constituye una medida de coerción durante el proceso y no una condena definitiva. Corresponderá al tribunal que conozca el fondo de la acusación determinar la responsabilidad penal del imputado.
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