Más allá del malestar físico que generan los apagones, sus efectos se extienden a la salud mental, el rendimiento laboral y los procesos de aprendizaje, impactando de forma transversal la vida cotidiana de millones de dominicanos.
Durante los últimos meses, la insatisfacción ciudadana con el sistema eléctrico nacional se ha intensificado. Las causas son múltiples: pérdidas técnicas y comerciales crecientes, facturas elevadas, fraudes y robos de energía, y una red de transmisión y generación con fragilidades evidentes para absorber fallas en puntos críticos.
Fallas que encendieron las alarmas
En pleno verano, específicamente entre julio y agosto, la salida del sistema de la Central Termoeléctrica Punta Catalina —atribuida a la presencia de sargazo en su sistema de abastecimiento de agua— provocó un fuerte impacto en la oferta energética nacional. Meses después, en noviembre, el país vivió un apagón general que dejó sin electricidad a gran parte del territorio durante varias horas.
Ambos episodios expusieron problemas estructurales acumulados durante décadas y derivaron en protestas en ciudades del interior y sectores del Gran Santo Domingo.
El “blackout” nacional
El apagón de noviembre fue el mayor registrado en 2025. Sus efectos incluyeron congestión vial por semáforos apagados, paralización total del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, interrupciones en servicios esenciales y extensas horas de espera para la reconexión del servicio en zonas urbanas y rurales.
Según reportes de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el evento se originó por una avería en una línea de transmisión y fallas en una subestación de San Pedro de Macorís, lo que provocó una salida en cadena de generadores.
Pagar más por un servicio deficiente
El descontento ciudadano no se limita a las horas sin energía. Es el resultado de años de cortes intermitentes, facturas elevadas y promesas oficiales que no se traducen en mejoras palpables. Muchos sectores enfrentan apagones programados y no programados, generando la percepción de una paradoja constante: pagar más por un servicio que llega peor.
Investigaciones periodísticas han documentado casos de facturación desproporcionada, incluso en viviendas con bajo consumo o desocupadas, sin que medien explicaciones técnicas claras por parte de las distribuidoras.
Voces desde el poder
Autoridades y actores del sector han reconocido la complejidad del panorama. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, admitió que la demanda ha crecido por encima de la capacidad real del sistema, agravada por conexiones ilegales que sobrecargan transformadores y afectan a usuarios formales.
Por su parte, el presidente del Consejo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, atribuyó las interrupciones a fallas de mantenimiento, averías, morosidad y pérdidas elevadas en las EDE.
Desde el ámbito político, legisladores y autoridades locales han advertido que el problema no tiene una solución inmediata y que su impacto amenaza incluso zonas con alto potencial turístico y productivo.
Números que explican la crisis
El Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales revela que entre enero y agosto de 2025 las pérdidas del sistema alcanzaron un 38.5 %, superando las del año anterior. Las distribuidoras compraron energía por US$2,057 millones, pero solo lograron facturar US$1,368 millones, generando una brecha de US$689.4 millones.
Estas pérdidas comprometen la confiabilidad del sistema: una red con altos niveles de fugas, robos y fallas técnicas no puede garantizar continuidad, y cualquier avería puede desencadenar impactos masivos.
Un desafío pendiente
La crisis eléctrica dominicana no es nueva ni sencilla de resolver. Requiere inversiones sostenidas, decisiones firmes y voluntad política para enfrentar intereses creados y prácticas que agravan el problema. Mientras el sistema no sea estable, eficiente y competitivo, la economía nacional —y especialmente la clase media baja— continuará cargando con un peso que limita su desarrollo y calidad de vida.
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