Santo Domingo.– Abogados de varios imputados del caso Medusa recusaron este miércoles a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras cuestionar el plazo concedido para recurrir una decisión que rechazó más de 20 incidentes planteados por las defensas.
La acción estuvo dirigida contra las magistradas Yissell Soto Peña, Clara Sobeyda Castillo y Jarolyn Rosario López, a quienes los juristas atribuyen una actuación parcial y una limitación del derecho de defensa.
El desacuerdo surgió cuando el tribunal otorgó tres días para presentar un recurso de oposición. Los abogados solicitaron seis días, bajo el argumento de que ese plazo corresponde a los procesos declarados complejos, pero su petición no fue acogida.
La recusación fue presentada por Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez Díaz, representantes de Alfredo Alexander Solano Augusto y otros procesados.
Los defensores pidieron que las magistradas se apartaran del juicio por las supuestas vulneraciones procesales. Tras el rechazo de ese planteamiento, formalizaron la recusación.
El incidente motivó el aplazamiento de la continuación del juicio para el miércoles 11 de noviembre, mientras la solicitud es remitida a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que deberá examinarla y decidir.
A la salida de la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, rechazó los argumentos de las defensas y sostuvo que la acción procura retrasar la presentación de las pruebas.
Ortiz consideró que la recusación carece de fundamento y cuestionó que las partes que reclaman la extinción de la acción penal por vencimiento de los plazos también promuevan incidentes y solicitudes de aplazamiento.
La representante del Ministerio Público afirmó, además, que durante la audiencia anterior se habían producido expresiones que interpretó como una amenaza contra el tribunal. Vinculó ese señalamiento con la posterior presentación de la recusación.
El expediente tiene como principal acusado al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, a quien la Pepca atribuye supuestas irregularidades cometidas durante su gestión, entre 2016 y 2020.
La acusación incluye presuntos fraudes en contrataciones de la Procuraduría General de la República, sobornos, lavado de activos y un alegado desfalco superior a RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano. Estas imputaciones deberán ser examinadas durante el juicio para determinar las responsabilidades correspondientes.
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