Santo Domingo, R.D.– La especialista en Estado de derecho, seguridad ciudadana y derechos humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gloria Manzotti, afirmó que la República Dominicana ha logrado importantes avances en la transformación de su sistema de justicia durante la última década, aunque advirtió que todavía persisten desafíos que limitan el acceso efectivo de la población a los servicios judiciales.
Durante una entrevista en el programa El Día, Manzotti señaló que el país ha registrado un proceso sostenido de modernización institucional liderado por el Poder Judicial, con avances en digitalización, eficiencia y capacidad para resolver casos.
Las declaraciones fueron realizadas a propósito de la presentación del informe “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, elaborado por el PNUD, el cual reconoce mejoras significativas en la gestión judicial, pero también identifica brechas estructurales, territoriales y de acceso que continúan afectando a miles de ciudadanos.
El estudio revela que 36.3 % de las personas consultadas manifestó haber enfrentado obstáculos durante sus procesos judiciales, principalmente por demoras, altos costos legales y deficiencias en la atención recibida. Asimismo, indica que siete de cada diez ciudadanos desconocen la existencia de plataformas digitales para realizar trámites o consultar el estado de sus casos.
Entre los avances resaltados por el informe figura que alrededor del 66 % de los procesos judiciales ya se gestionan de manera electrónica, se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y la capacidad resolutiva promedio del sistema supera el 94.9 % a nivel nacional.
No obstante, el PNUD advirtió que aún existen diferencias importantes entre las distintas regiones del país y una reducción en la disponibilidad de recursos humanos y financieros para el sistema judicial. Entre 2021 y 2025, la cantidad de jueces por cada 100,000 habitantes disminuyó de 7.4 a 6.6, mientras que el presupuesto destinado al Poder Judicial pasó de 1.05 % del presupuesto nacional en 2019 a 0.87 % en 2025.
Finalmente, el organismo recomendó fortalecer la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia, ampliar el acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales, impulsar el uso de nuevas tecnologías y desarrollar políticas diferenciadas que respondan a las necesidades específicas de cada territorio, con el objetivo de garantizar una justicia más eficiente, accesible e inclusiva para toda la población.
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