NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.– El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, señaló al abogado y al contador de Jeffrey Epstein por presuntamente ocultar abusos sexuales cometidos en el rancho Zorro, una propiedad del fallecido financista que vuelve a ocupar un lugar central en las investigaciones estatales.
Los señalamientos se producen después de que Torrez reabriera este año las pesquisas sobre los posibles delitos ocurridos en el inmueble. La información suministrada no identifica a los dos profesionales ni precisa si las acusaciones públicas han derivado en cargos penales.
Epstein adquirió el rancho en 1993, en Stanley, una comunidad ganadera ubicada a unos 48 kilómetros al sur de Santa Fe. Allí levantó una mansión de aproximadamente 2,580 metros cuadrados y otras instalaciones, entre ellas una pista privada de aterrizaje y un helipuerto.
Durante el juicio contra Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora del financista, testigos declararon sobre abusos sexuales atribuidos a ambos en esa propiedad. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable en 2021 de delitos relacionados con el tráfico sexual.
Epstein falleció en agosto de 2019 en una cárcel federal de Nueva York, donde permanecía detenido a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio.
Aunque no enfrentó una acusación formal en Nuevo México, las autoridades estatales confirmaron en 2019 que examinaban las denuncias y que remitirían sus conclusiones a los investigadores federales de Nueva York. El entonces fiscal general, Héctor Balderas, también cuestionó la suficiencia de las leyes para proteger a los menores frente a los abusos.
Como parte de sus actuaciones recientes, Torrez presentó en agosto una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Alegó que las restricciones federales al acceso a información obstaculizaban la investigación de los presuntos delitos sexuales en el rancho.
El Departamento de Justicia defendió la reserva de determinados documentos con el argumento de que su divulgación podría revelar datos que permitieran identificar a las víctimas.
También en agosto, una comisión constituida por legisladores estatales divulgó un informe de 119 páginas sobre la respuesta institucional a las denuncias. El documento sostuvo que las autoridades remitieron reiteradamente el caso a investigaciones desarrolladas en otras jurisdicciones.
Según las conclusiones de esa comisión, las remisiones a Nueva York, Palm Beach y las Islas Vírgenes de Estados Unidos dejaron los presuntos delitos de Nuevo México sin una investigación suficiente ni las sanciones correspondientes.
El rancho fue vendido en 2023 por los herederos de Epstein a la familia del político republicano Don Huffines. Los recursos obtenidos se destinaron al pago de acreedores, mientras los procedimientos sobre el testamento y los bienes del financista continúan en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
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