SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público informó que presentará ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, investigada por su presunta vinculación con el esquema de corrupción administrativa que las autoridades denominan Operación Cobra 2.0-A.
Heredia Vallejo se entregó voluntariamente a las autoridades y el órgano acusador anunció que solicitará en su contra 18 meses de prisión preventiva, además de que el expediente sea declarado de tramitación compleja. Las imputaciones forman parte de la investigación sobre una supuesta estructura que habría utilizado recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) de manera fraudulenta.
Esta nueva fase del caso amplió las pesquisas hacia médicos, empleados y otros prestadores de servicios de salud. El Ministerio Público sostiene que fueron ejecutadas 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas por RD$41.1 millones, como parte de una de las líneas investigadas en Cobra 2.0-A. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser examinadas por los tribunales.
El pasado sábado, los fiscales depositaron la solicitud de medidas de coerción contra otros 25 imputados, para quienes también solicitaron 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso. El Ministerio Público fundamentó su petición en la cantidad de hechos investigados, posibles involucrados y operaciones atribuidas al supuesto entramado.
Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, además de varios profesionales de la medicina señalados por los fiscales dentro del expediente.
Según la Procuraduría General de la República, la investigación ha identificado presuntas irregularidades que incluyen cobros por servicios médicos no prestados, falsificación de documentos y otras maniobras destinadas a obtener pagos indebidos de la aseguradora estatal. Las defensas de algunos de los investigados han cuestionado las imputaciones y sostienen que sus representados deberán tener oportunidad de demostrar sus versiones durante el proceso.
La Operación Cobra 2.0-A constituye una nueva etapa de una investigación más amplia relacionada con el manejo de fondos de SeNaSa. El Ministerio Público ha indicado que las pesquisas permanecen abiertas y podrían extenderse a otras personas o entidades conforme surjan nuevos elementos
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