La celebración de una boda entre personas del mismo sexo en la ciudad de Santiago de los Caballeros ha generado una ola de reacciones y cuestionamientos en distintos sectores del país, luego de que legisladores calificaran el acto como una violación directa a la Ley 4-23 sobre el Registro de los Actos del Estado Civil.
El hecho, que se habría llevado a cabo el pasado fin de semana, provocó declaraciones de rechazo por parte de congresistas que exigen una investigación y la aplicación de sanciones contra quienes promovieron o participaron en la ceremonia, argumentando que el ordenamiento jurídico dominicano solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer, conforme a la Constitución y la legislación vigente.
Congresistas piden respeto al marco legal
La diputada Fanny Selinés Méndez, del partido Fuerza del Pueblo, expresó que la ley es clara y debe cumplirse sin excepciones.
“La Constitución dominicana establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cualquier intento de alterar ese principio es una violación al marco legal que debemos proteger”, afirmó la legisladora.
En ese mismo sentido, el senador Dagoberto Rodríguez Adames, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que las instituciones deben actuar con firmeza ante lo que calificó como “una provocación al orden constitucional y a los valores del pueblo dominicano”.
Señalamientos internacionales y soberanía nacional
El caso tomó un matiz diplomático tras la mención del exembajador estadounidense James “Wally” Brewster, a quien legisladores y sectores sociales señalan de tener algún tipo de participación o vínculo con el evento.
De acuerdo con las versiones, Brewster no tiene ningún cargo oficial en el país, por lo que su intervención o respaldo simbólico sería considerada una injerencia en asuntos internos.
Los congresistas exhortaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio Público a observar con atención cualquier intento de vulnerar la soberanía nacional o desafiar la autoridad de la nueva embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, quien recientemente asumió funciones en Santo Domingo.
Postura de la Junta Central Electoral
Por su parte, la Junta Central Electoral (JCE) reafirmó la postura oficial de que no se reconocen legalmente las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo en el territorio nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución de la República y la Ley 4-23 del Registro Civil.
El organismo recordó que los oficiales del Estado Civil que participen en actos contrarios a la ley pueden ser sancionados, y subrayó que la institución se mantiene firme en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema jurídico dominicano.
La polémica ha reavivado el debate sobre los derechos civiles y la definición constitucional del matrimonio, enfrentando posturas entre sectores religiosos, políticos y activistas sociales, mientras las autoridades estudian las acciones legales correspondientes.
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