El Gobierno de Grecia refuerza los controles sobre lugares de culto musulmán que operan sin autorización, en medio del debate sobre seguridad, migración y libertad religiosa.
El Gobierno de Grecia ha intensificado los controles sobre lugares de culto que funcionan sin las autorizaciones exigidas por la legislación nacional, una medida que ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad, la migración, la radicalización y la libertad religiosa.
En febrero de 2026, el ministro de Migración y Asilo, Thanos Plevris, anunció una operación a escala nacional para localizar y clausurar espacios religiosos que operen fuera del marco legal. Las autoridades señalaron especialmente la existencia de decenas de mezquitas y centros de oración no registrados en Atenas.
La medida contempla sanciones para quienes establezcan u operen lugares de culto sin los permisos correspondientes y, en determinados casos, consecuencias migratorias para ciudadanos extranjeros involucrados. El Gobierno sostiene que la aplicación de estas normas responde a la obligación de garantizar que todos los espacios religiosos funcionen conforme a las leyes del país.
La decisión, sin embargo, ha generado críticas entre representantes de la comunidad musulmana y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de que una política dirigida contra establecimientos no autorizados termine afectando el ejercicio de la libertad religiosa. Algunos representantes musulmanes también han cuestionado que la medida pueda generar una mayor presión sobre comunidades migrantes.
El caso tiene como telón de fondo la particular situación de la comunidad musulmana en Atenas. Aunque la capital cuenta desde 2020 con una mezquita oficial financiada por el Estado griego, durante años numerosos musulmanes han utilizado viviendas, locales comerciales y otros espacios privados para realizar sus oraciones.
El Gobierno griego insiste en que el objetivo de la medida es hacer cumplir la legislación y combatir posibles actividades ilegales, mientras sus críticos reclaman que las acciones de seguridad sean compatibles con la libertad religiosa y los derechos fundamentales.
La controversia refleja uno de los desafíos que enfrentan varios países europeos: reforzar los controles frente a posibles actividades extremistas o irregulares sin convertir las medidas de seguridad en restricciones que afecten de manera general a comunidades religiosas.
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