ESTADOS UNIDOS.– La Administración del presidente Donald Trump ha ejecutado aproximadamente 980,000 deportaciones desde el comienzo de su segundo mandato hasta el 31 de julio de 2026, según un análisis del Migration Policy Institute (MPI), que sitúa en un 20 % la proporción correspondiente a personas con condenas penales.
El estudio examina el período iniciado el 20 de enero de 2025 y utiliza registros públicos obtenidos mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA). De acuerdo con el documento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó de publicar estas estadísticas en enero de ese año.
Los datos reúnen las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El análisis permite evaluar el alcance de una política que Trump presentó durante su campaña como la mayor operación de deportación en la historia estadounidense.
El mandatario había planteado una meta de un millón de deportaciones anuales. Según los cálculos del MPI, el ritmo registrado equivale a unas 620,000 por año fiscal en 2025 y alrededor de 660,000 en 2026, cifras que representan una estimación del ritmo de expulsiones.
El informe atribuye el 69 % de las deportaciones a personas interceptadas en la frontera. Aproximadamente 340,000 fueron devueltas directamente por la CBP y otras 340,000 quedaron bajo custodia fronteriza antes de ser procesadas y deportadas por ICE.
El 31 % restante, equivalente a unas 300,000 deportaciones, correspondió a inmigrantes arrestados dentro de Estados Unidos. Según el instituto, este grupo probablemente incluye a personas que llevaban años establecidas en comunidades del país.
La participación de los arrestos en el interior dentro del total de deportaciones aumentó del 28 % en 2025 al 34 % durante el primer semestre de 2026 y alcanzó el 39 % en julio, conforme a los registros examinados.
El promedio mensual de deportaciones de personas detenidas en el interior también pasó de unas 8,000 durante los tres primeros meses del mandato a aproximadamente 19,000 entre mayo y julio de 2026.
Al excluir las devoluciones fronterizas realizadas por la CBP, el MPI señala que el 61 % de las personas deportadas por ICE —unas 390,000— llevaba al menos dos años en Estados Unidos. Otro 15 %, equivalente a unas 90,000 personas, había permanecido una década o más.
Respecto a los antecedentes penales, el estudio establece que el 71 % de los deportados con al menos dos años de residencia no tenía condenas por delitos. Entre quienes acumulaban diez años o más en el país, la proporción sin condenas era del 61 %.
Estos resultados contrastan con el discurso gubernamental que presenta a las personas con antecedentes criminales como el objetivo prioritario de las operaciones migratorias. En conjunto, el MPI calcula que unas 190,000 de las 980,000 deportaciones correspondieron a personas condenadas por algún delito.
Las cifras del análisis son aproximadas y proceden de los registros recopilados por el instituto. La ausencia de condenas penales no determina, por sí sola, la situación migratoria de una persona ni permite establecer si tenía otros procedimientos pendientes.
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