POR YAMILKA CONTRERAS. – Un grupo de contratistas y proveedores del Estado dominicano, representados por los abogados Luis Ricardo y Erick Morrobel, de la firma Ricardo & Morrobel Consultores Legales, denunciaron este viernes que diversas instituciones públicas mantienen deudas acumuladas superiores a los RD$500 millones, correspondientes a obras y servicios realizados desde finales de la década de los noventa.
Durante una rueda de prensa, los juristas explicaron que algunas de estas obligaciones datan del año 1998, generando un prolongado proceso de reclamaciones administrativas y judiciales sin resultados definitivos.
Los representantes legales señalaron que detrás de estas cifras existen ingenieros, arquitectos y contratistas que cumplieron con sus contratos y entregaron obras al Estado, pero que durante más de dos décadas no han recibido el pago correspondiente. “Más allá de los números, hablamos de una tragedia humana. Muchos de estos profesionales comprometieron su patrimonio para ejecutar obras públicas, asumieron préstamos y hoy enfrentan consecuencias económicas, de salud y familiares derivadas de esta situación”, indicaron.
Explicaron que los procesos para reclamar estos pagos se han visto afectados por obstáculos administrativos y judiciales, incluyendo decisiones de inadmisibilidad en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), aun cuando las deudas se encuentran certificadas por las propias instituciones públicas. En múltiples ocasiones, estas decisiones han sido revisadas posteriormente por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, generando retrasos de años. Además, cuando finalmente se reciben los pagos, los montos no se actualizan para compensar la devaluación ni se otorgan indemnizaciones por daños morales.
Otro de los puntos señalados fue la burocracia del Ministerio de Hacienda y la exigencia de certificaciones tributarias ante la DGII, que en muchos casos impide que los contratistas puedan regularizar su situación fiscal y recibir los pagos pendientes. “Se genera un círculo vicioso en el que el Estado es simultáneamente deudor y autoridad que condiciona el pago”, expresaron los abogados.
Ante esta situación, los representantes legales hicieron un llamado al presidente de la República y a las autoridades financieras para la creación de una mesa de resolución de deudas históricas, que permita revisar los expedientes, validar los montos y establecer un mecanismo institucional para su pago justo.
“Lo que pedimos no es una concesión ni un privilegio. Exigimos el cumplimiento de contratos válidamente suscritos y la preservación de la seguridad jurídica del país”, concluyeron.
Los abogados indicaron que continuarán impulsando las acciones legales correspondientes y reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar una solución institucional a este problema acumulado durante décadas.
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