SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que suspendió de oficio 81 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a funcionarios electos y designados durante el presente año, como parte de la aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, vigente desde enero de 2026.
La institución explicó que la medida responde al cumplimiento del nuevo marco legal, el cual establece un régimen de inhabilidades absolutas para funcionarios que ocupan cargos públicos y mantienen vínculos con empresas proveedoras del Estado.
Entre las suspensiones realizadas figura la de 11 senadores, ejecutada el pasado 19 de junio, acción que, según la DGCP, forma parte del proceso de adecuación a las nuevas disposiciones establecidas en la legislación.
La entidad indicó que la Ley 47-25 introduce cambios significativos respecto a la anterior Ley 340-06, eliminando las excepciones que permitían a determinados funcionarios mantener participación accionaria limitada en empresas contratistas del Estado.
De acuerdo con el artículo 38 de la nueva normativa, los funcionarios electos y designados no podrán mantener participación societaria alguna en empresas proveedoras del Estado, independientemente del porcentaje de acciones que posean.
Asimismo, la legislación prohíbe desempeñar funciones de dirección, administración, gerencia o integrar consejos administrativos en sociedades comerciales que mantengan relaciones contractuales con instituciones públicas.
La Dirección General de Contrataciones Públicas recordó que el 13 de febrero de 2026 emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual concedió un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios comprendidos en las causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado.
Una vez vencido ese período sin que algunos funcionarios realizaran el trámite correspondiente, la institución procedió a ejecutar las suspensiones de oficio, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.
La DGCP explicó que los cruces de información, las verificaciones documentales y los procesos de debida diligencia que dieron origen a las suspensiones forman parte de los mecanismos permanentes implementados para garantizar la transparencia y preservar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.
Las autoridades enfatizaron que esta decisión no constituye una sanción administrativa, sino una medida preventiva destinada a asegurar el cumplimiento de las inhabilidades previstas por la legislación vigente mientras los funcionarios permanezcan en el ejercicio de sus cargos públicos.
La institución reiteró que el objetivo principal de estas acciones es fortalecer la transparencia, prevenir posibles conflictos de interés y garantizar la igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública.
Además de las 81 suspensiones realizadas bajo la nueva Ley 47-25, la DGCP informó que entre los años 2020 y 2025 suspendió de oficio 591 Registros de Proveedores del Estado correspondientes a funcionarios de distintos niveles jerárquicos, autoridades municipales y sociedades comerciales vinculadas, conforme a las disposiciones de la entonces vigente Ley 340-06.
La Dirección General de Contrataciones Públicas reafirmó su compromiso con la aplicación estricta del nuevo marco normativo y aseguró que continuará realizando los controles necesarios para fortalecer la transparencia, la ética y la integridad en el sistema nacional de compras y contrataciones públicas.
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