El año 2025 llega a su cierre dejando una profunda huella en la sociedad dominicana, tras una sucesión de hechos de alto impacto político, judicial y social que generaron conmoción nacional e internacional y pusieron a prueba la fortaleza institucional del país.
Entre los acontecimientos más relevantes figura el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa), un caso que habría afectado a millones de afiliados del sistema de salud pública y que derivó en procesos judiciales contra varios imputados, incluyendo exfuncionarios. El presidente Luis Abinader reaccionó al hecho asegurando que el Estado agotaría todas las vías para recuperar los recursos públicos, calificando el caso como una grave traición a la confianza ciudadana.
Otro episodio que estremeció al país fue la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, considerada una de las más dolorosas en la historia reciente. El colapso de la estructura dejó cientos de víctimas mortales y heridos, generando duelo nacional y dando paso a acciones judiciales contra los responsables del establecimiento, en un proceso que continúa su curso en los tribunales.
El año también estuvo marcado por un apagón eléctrico de alcance nacional, que paralizó servicios esenciales como el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, hospitales y semáforos, obligando al Gobierno a ordenar una investigación técnica para determinar las causas del colapso del sistema eléctrico interconectado.
En el ámbito social, causaron gran consternación la muerte de una menor durante una excursión escolar, la desaparición de una turista extranjera en un hotel de Punta Cana, así como casos de violencia sexual colectiva, que reavivaron el debate sobre la seguridad, la protección de la niñez y la necesidad de respuestas judiciales firmes.
A estos hechos se sumaron denuncias por intentos de soborno a funcionarios públicos, procesos de extradición y otros casos judiciales que mantuvieron a la opinión pública en constante atención.
El balance de 2025 deja como lección la urgencia de fortalecer la institucionalidad, la supervisión estatal y la justicia, así como de promover políticas públicas que prevengan tragedias y garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
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