SANTO DOMINGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocer este miércoles, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en la denominada Operación Cobra 2.0-A, nueva fase de la investigación por presuntas irregularidades cometidas contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Aunque inicialmente fueron sometidas 25 personas, el número de imputados aumentó a 26 tras incorporarse al proceso la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó posteriormente a las autoridades. El Ministerio Público solicita para el grupo 18 meses de prisión preventiva y que el expediente sea declarado de tramitación compleja.
El expediente depositado por el órgano acusador contiene alrededor de 525 páginas. La audiencia había sido fijada originalmente para el lunes, pero el juez Rigoberto Sena Ferreras acogió las solicitudes de las defensas para disponer de mayor tiempo para estudiar las pruebas y la documentación presentada por los fiscales.
Según la tesis del Ministerio Público, la estructura investigada estaría integrada por médicos, empleados y exempleados de SeNaSa, además de particulares, quienes presuntamente utilizaron datos reales de afiliados para gestionar autorizaciones y posteriormente cobrar consultas o procedimientos que los asegurados aseguran no haber solicitado ni recibido. Estas afirmaciones corresponden a la acusación y deberán ser examinadas por el tribunal.
Las pesquisas abarcan 4,363 autorizaciones de consultas especializadas y procedimientos ambulatorios, por un monto estimado de RD$41,125,551, realizadas entre enero de 2021 y febrero de 2025. Investigadores sostienen que algunos de los afiliados seleccionados registraban poco uso de su seguro, lo que presuntamente hacía menos probable que detectaran reclamaciones realizadas a sus nombres.
El Ministerio Público también plantea que, tras recibir los pagos de SeNaSa, algunos profesionales habrían entregado entre 40 % y 60 % de lo cobrado a otros integrantes de la supuesta estructura, mediante efectivo o transferencias bancarias.
Entre los elementos citados dentro de la investigación figuran afiliados que negaron haber recibido los servicios facturados y registros que, según las autoridades, presentaban inconsistencias médicas. Una auditoría de SeNaSa identificó incluso consultas ginecológicas cargadas a afiliados masculinos, quienes posteriormente negaron haber recibido esas atenciones.
La Operación Cobra 2.0-A fue desplegada mediante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con participación de decenas de fiscales y alrededor de 200 agentes policiales.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha señalado que las investigaciones relacionadas con SeNaSa permanecen abiertas y podrían extenderse a nuevas personas o líneas de investigación. Por ahora, corresponderá al tribunal determinar las medidas cautelares que serán aplicadas a los 26 encartados mientras continúa el proceso.
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