Santo Domingo, R.D.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) identificó múltiples irregularidades en los procesos de rehabilitación de planteles escolares ejecutados durante la gestión de Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación, según un informe especial que evaluó las contrataciones, ejecución de obras y uso de recursos públicos entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022.
El organismo fiscalizador señaló incumplimientos en la ejecución del proceso de urgencia para la rehabilitación de 570 centros educativos, indicando que 111 contratos presentaron retrasos e incumplieron los plazos y condiciones establecidos, además de detectar expedientes incompletos, deficiencias en la supervisión de las obras y garantías inferiores a las exigidas por la ley.
De acuerdo con el informe, varios proyectos permanecían inconclusos o habían sido modificados respecto a las condiciones originalmente contratadas, lo que impidió a los auditores realizar una evaluación técnica completa sobre la eficiencia y razonabilidad de los recursos invertidos.
La Cámara de Cuentas también reveló que los expedientes de varias obras carecían de documentos esenciales, entre ellos informes de supervisión, bitácoras de obra y análisis de costos o precios unitarios, elementos considerados fundamentales para garantizar el control y la transparencia en la ejecución de los proyectos.
En su respuesta al informe, el exministro Roberto Fulcar sostuvo que parte de la documentación observada fue remitida posteriormente al órgano auditor y argumentó que, en algunos casos, las bitácoras no eran requeridas debido a la naturaleza de los trabajos ejecutados. Sin embargo, la Cámara de Cuentas concluyó que persistían omisiones documentales y decidió mantener los hallazgos.
Otro de los señalamientos corresponde a las garantías de vicios ocultos en dos contratos de rehabilitación de centros educativos en San Pedro de Macorís, donde las pólizas presentadas representaban aproximadamente un 5 % del valor de las obras, cuando la normativa establece una cobertura del 10 %, generando un monto no asegurado superior a RD$2.3 millones.
Aunque el informe reconoce que la pandemia del COVID-19 y el incremento de los costos de los materiales de construcción pudieron afectar el desarrollo de las obras, la Cámara de Cuentas sostiene que la administración debió documentar adecuadamente esas variaciones y aplicar los mecanismos legales correspondientes para garantizar el cumplimiento de los contratos.
Como resultado de la investigación, el organismo recomendó al Ministerio de Educación fortalecer los controles internos, completar la documentación de los expedientes, regularizar las obras inconclusas y reforzar la supervisión de los procesos de contratación e infraestructura escolar. Asimismo, advirtió que los funcionarios y servidores públicos vinculados a las irregularidades detectadas podrían incurrir en responsabilidades administrativas, conforme a lo establecido en la Ley 10-04.
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