PUERTO PRÍNCIPE, Haití.– Amnistía Internacional exhortó a los gobiernos haitiano y salvadoreño a garantizar la protección de los derechos humanos durante las operaciones de los más de 2,000 militares enviados por El Salvador a Puerto Príncipe, en medio de la ofensiva contra las bandas armadas.
La directora para las Américas de la organización, Ana Piquer, señaló que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tienen la responsabilidad de asegurar que las actuaciones del contingente se ajusten a las normas internacionales.
Piquer sostuvo que el compromiso expresado por las autoridades haitianas de no permitir abusos debe acompañarse de medidas concretas de prevención, vigilancia y rendición de cuentas.
La organización solicitó divulgar el acuerdo que sustenta la presencia militar salvadoreña y precisar las reglas para el uso de la fuerza, los mecanismos de supervisión y las autoridades responsables de investigar posibles irregularidades. También reclamó canales seguros para que la población pueda denunciar sin exponerse a represalias.
El despliegue se produjo tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños el pasado 18 de octubre, luego de una emboscada en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets. Los efectivos pertenecían a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas.
Sin embargo, persisten interrogantes sobre el marco de actuación del contingente adicional. El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó que la mayoría de esos soldados no integra la GSF y queda fuera de su mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.
Amnistía advirtió que las intervenciones de seguridad pueden aumentar la vulnerabilidad de comunidades afectadas por la crisis humanitaria, particularmente cuando se ejecutan cerca de viviendas, centros educativos y hospitales.
En ese sentido, insistió en que cualquier empleo de la fuerza debe responder a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con medidas destinadas a proteger a la población civil.
La entidad puso especial atención en los menores de edad, incluidos aquellos reclutados por las pandillas. Para su protección, pidió personal preparado en derechos humanos, procedimientos específicos y asistencia especializada.
Asimismo, reclamó investigaciones rápidas, independientes e imparciales ante cualquier denuncia de violaciones y recordó que combatir la criminalidad exige mecanismos efectivos de responsabilidad institucional.
La organización también instó a esclarecer el paradero de los cuatro militares desaparecidos y señaló que, si permanecen retenidos por un grupo armado, deben ser liberados inmediatamente y sin sufrir daños.
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