Un total de 677 niñas de 15 años o menos dieron a luz entre enero y noviembre de 2025 en centros de la red pública de salud de la República Dominicana, según estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Salud (SNS). La cifra vuelve a encender las alarmas sobre la magnitud del embarazo infantil y adolescente en el país.
Del total de partos registrados, 505 corresponden a niñas dominicanas y 172 a niñas haitianas, lo que representa un 75 % y un 25 %, respectivamente. Los datos reflejan una realidad social compleja que trasciende el ámbito sanitario y plantea serios retos en materia de protección infantil y derechos humanos.
A partir de la puesta en marcha del protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos, iniciado en mayo, se contabilizaron 85 partos de menores haitianas, de acuerdo con informes oficiales. Esta situación ha generado nuevos debates sobre la vulnerabilidad de las menores extranjeras y el acceso a servicios de salud y protección.
La legislación dominicana es clara al respecto. Tanto el Código Penal como la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establecen sanciones severas contra los adultos que mantengan relaciones sexuales con menores, además de garantizar atención médica y apoyo integral a las niñas embarazadas.
Especialistas consultados coinciden en que estos casos no deben verse solo como cifras médicas, sino como señales de posibles abusos, desigualdad social, pobreza estructural y deficiencias en la educación sexual. Advierten que cada parto en una menor debe activar de inmediato los protocolos de investigación y protección institucional.
Asimismo, subrayan la necesidad de fortalecer el rol del sistema educativo y de salud en la prevención, mediante programas de orientación temprana, acompañamiento psicológico y acceso a información confiable, con el fin de frenar un fenómeno que limita el desarrollo personal y perpetúa ciclos de exclusión social.
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