MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS.– Jennifer González, ciudadana estadounidense de origen dominicano, de 43 años, fue arrestada por su presunto liderazgo en una organización que coordinaba matrimonios simulados para obtener beneficios migratorios, mediante cobros que generalmente oscilaban entre US$38,000 y US$40,000 por unión.
Según la acusación, la estructura operó durante más de una década en Fall River, Massachusetts, y organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año. Los investigadores estiman que el esquema habría generado alrededor de US$6 millones durante ese período.
La Fiscalía sostiene que González orientaba a sus clientes sobre cómo aparentar una relación matrimonial legítima. Entre las prácticas señaladas figuran la apertura de cuentas bancarias conjuntas, la contratación de seguros de vida y la preparación de fotografías que mostraran a los participantes como una pareja.
De acuerdo con los documentos citados, la imputada explicaba que necesitaría entre tres y cuatro meses para reunir la documentación que respaldaría una solicitud de residencia legal. También habría exigido la firma de contratos para asegurar el pago de sus servicios.
Las autoridades obtuvieron grabaciones de conversaciones que forman parte de la investigación. En una de ellas, atribuida a González, la mujer ofrecía ayudar a sus clientes a alcanzar el “sueño americano”, mientras presuntamente coordinaba los acuerdos económicos.
El expediente también recoge declaraciones sobre negocios e inversiones de González en República Dominicana. En una conversación citada por los investigadores, afirmó que destinaba dinero disponible a la adquisición de propiedades y que poseía varios terrenos en el país.
Esos vínculos, junto con los recursos económicos que la Fiscalía le atribuye, fueron presentados como parte de los argumentos para solicitar que permanezca detenida durante el proceso, ante el supuesto riesgo de que abandone Estados Unidos.
La petición de prisión preventiva plantea que González podría trasladarse a República Dominicana para evitar el procesamiento. Se trata de una solicitud del Gobierno estadounidense, cuya aprobación deberá ser determinada por el tribunal correspondiente.
Junto con González fueron detenidos Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, y Jaylin Hill, de 26. La información suministrada no detalla las funciones individuales atribuidas a cada uno dentro del presunto esquema.
Aunque el reporte inicial menciona la ciudadanía estadounidense, las actuaciones descritas se refieren específicamente a la preparación de matrimonios y documentos para solicitar residencia legal u otros beneficios migratorios.
Los señalamientos contra González y los demás detenidos forman parte de una acusación pendiente de resolución judicial. Todos conservan la presunción de inocencia mientras no se establezca su culpabilidad mediante el proceso correspondiente.
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