El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recordó que la Declaración de Santo Domingo, firmada en agosto de 2024 por más de veinte países y la Unión Europea, alertó de manera temprana sobre fraude electoral, represión violenta y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, elementos que hoy cobran mayor relevancia tras los acontecimientos que derivaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa.
Durante su análisis de la crisis venezolana, el mandatario dominicano señaló que dicho documento reflejaba la preocupación de la comunidad internacional ante el deterioro democrático en esa nación, especialmente tras el proceso electoral del 2 de agosto de 2024, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados.
Advertencias claras sobre irregularidades electorales
La Declaración de Santo Domingo denunciaba la falta de transparencia en el proceso electoral venezolano, subrayando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó las actas originales que respaldaran los resultados oficiales que otorgaron la victoria a Maduro. Además, se destacaba que una versión digital de más del 80 % de las actas mostraba resultados distintos a los anunciados públicamente.
Ante esta situación, los países firmantes exigieron la publicación inmediata de todas las actas electorales y una verificación independiente e imparcial, preferiblemente bajo supervisión internacional, para garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Represión y crisis de derechos humanos
El documento también condenaba de forma enérgica la represión ejercida contra manifestantes y ciudadanos opositores, señalando que la violencia postelectoral provocó la muerte de numerosos venezolanos. Asimismo, advertía sobre detenciones arbitrarias, la ausencia de debido proceso y la criminalización de la protesta pacífica.
“Expresamos nuestro profundo rechazo a la represión y a la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos”, señalaba la declaración, al tiempo que exigía la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, incluidos líderes y representantes de la oposición.
Llamado al respeto de normas internacionales
Los firmantes recordaron además que Venezuela, como Estado parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, está obligada a garantizar salvoconductos seguros para las seis personas asiladas en la residencia oficial de la República Argentina, permitiéndoles abandonar el país sin riesgos.
Para Abinader, la Declaración de Santo Domingo representa una posición firme y coherente de la comunidad internacional frente al quiebre democrático en Venezuela, y demuestra que las advertencias sobre fraude, represión y falta de legitimidad institucional fueron planteadas con suficiente antelación.
Países firmantes
El documento fue suscrito por: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Checa, Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Reino Unido, Surinam, Portugal, Uruguay y la Unión Europea.
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