PUERTO PRÍNCIPE.- La situación de los derechos humanos en Haití sigue deteriorándose, advirtió este viernes el experto independiente William O’Neill, designado por la ONU para estudiar la situación sobre este particular en el deprimido país caribeño, sumido desde hace años en una crisis en todos los órdenes.
«Me entristece decir que todos los indicadores siguen siendo extremadamente preocupantes. El primero, y más preocupante, es la inseguridad. (…) Tenemos que poner fin a esta agonía permanente. Es una carrera contra el tiempo», declaró a la prensa.
Señaló que, a pesar de un embargo internacional, siguen entrando armas y municiones de contrabando en el país, lo que permite a las bandas llevar a cabo ataques a gran escala y extender su control e influencia a nuevos territorios.
Las zonas aún no afectadas por la violencia de las bandas están sufriendo su impacto directo, con una inflación galopante, escasez de productos de primera necesidad y flujos de desplazados internos que aumentan aún más la vulnerabilidad de la población, en particular de los niños y las mujeres, subrayó O’Neill, quien calificó de dramáticas las consecuencias humanitarias y en materia de derechos humanos a causa de este panorama.
La Policía Nacional haitiana carece de la capacidad logística y técnica para hacer frente a las bandas, agregó.
Un Estado ausente
Mientras tanto, la población sigue sufriendo violaciones de todos sus derechos humanos. «La violencia sexual, utilizada como arma por las bandas para controlar a la población, ha aumentado drásticamente en los últimos meses», apuntó el experto.
Las bandas están cada vez más implicadas en la trata de menores y el reclutamiento forzoso, y a menudo los utilizan para llevar a cabo ataques contra instituciones públicas y operaciones policiales. «Los jóvenes están perdiendo la esperanza de un futuro mejor, aseguró.
En su opinión, las organizaciones de la sociedad civil sustituyen a menudo al Estado en la atención de las necesidades básicas de una población que carece de todo.
Esto ocurre sobre todo, dijo, en los barrios controlados por las bandas, pero también en los campos de desplazados y en las cárceles, «donde el Estado debería hacer todo lo posible para proteger a los más vulnerables».
Sólo el 28 % de los servicios sanitarios funcionan con normalidad en Haití, casi 5 millones de personas, la mitad de la población, sufren inseguridad alimentaria aguda y al menos 700.000 personas han sido desplazadas en Haití. Más de la mitad de ellas son niños.
Las cárceles, espacios de miseria
Fuera de Puerto Príncipe, la situación es aún peor que hace un año, según William O’Neill.
En el sur del país, en la prisión de Les Cayes, hay 853 reclusos pese a que la capacidad total es de 200, mientras que en la prisión de Jérémie, hay 470 presos aunque el espacio fue construido para 50.
«Duermen en suelos inundados de agua de lluvia y llenos de basura. A veces pasan días enteros sin comer», afirmó el experto en su informe.
Este año, asegura, han muerto varias decenas de reclusos en estas condiciones.
Al menos el 84 % de los reclusos se encuentran en detención preventiva prolongada, afirma, señalando que la corrupción corroe el sistema en todos los niveles de la cadena jerárquica y en todos los sectores, en primer lugar el de la Justicia.
Existen los medios, pero a menudo se hace un mal uso de ellos, lo que se ve favorecido por una impunidad casi total.
El compromiso de las autoridades de crear «centros judiciales especializados» para luchar contra la corrupción y los crímenes masivos, incluida la violencia sexual, será decisivo para remediar eficazmente esta situación, según William O’Neil.
«Las soluciones están ahí, y ya existen. Pero hay que redoblar los esfuerzos inmediatamente», concluyó el experto.
