SANTO DOMINGO.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, tras establecer su responsabilidad en la tortura y el asesinato de una niña de siete años en el sector Los Guandules.
La sentencia dispone que Coronado de la Cruz cumpla la pena en Najayo Mujeres y Montero Medina en Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. Asimismo, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de cinco millones de pesos por los daños ocasionados.
Al explicar los fundamentos del fallo, la magistrada Yissel Soto señaló que los testimonios y las evidencias presentados durante el juicio permitieron determinar la responsabilidad de los procesados en los abusos que culminaron con la muerte de la menor.
La jueza sostuvo que las acciones presentadas como correcciones fueron “altamente abusivas, despiadadas” y reflejaron un “desprecio agravado por la vida humana”.
Durante sus intervenciones, Montero Medina negó haber participado en los hechos y aseguró que pretendía denunciar los maltratos cometidos por su pareja. Argumentó que sus compromisos laborales le impedían disponer del tiempo necesario para hacerlo.
Sin embargo, Soto indicó que el análisis de su teléfono celular permitió encontrar imágenes de la niña que calificó como “espeluznantes”. Explicó que esas evidencias formaron parte de los elementos valorados para determinar su vinculación con el caso.
La magistrada afirmó que Montero Medina conocía que “en su casa había tortura, abuso sexual y había una menor que era amarrada”. Añadió que las pruebas establecieron una participación “clave”, por lo que fue declarado coautor.
“El futuro de un niño está en manos de sus padres o de quien asume ese rol, pero hubo un fracaso porque no se cumplió”, manifestó Soto al referirse al deber de protección de quienes tienen menores bajo su cuidado.
Según el Ministerio Público, Coronado de la Cruz incurrió en actos reiterados de maltrato contra la víctima, mientras Montero Medina, pese a tener conocimiento de lo que ocurría, no denunció la situación ante las autoridades.
El tribunal declaró a ambos culpables de infringir los artículos 295 y 304, así como los numerales 1 y 4 del artículo 303 del Código Penal dominicano, conforme a las disposiciones citadas en el proceso.
La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el 12 de noviembre, a las 9:00 de la mañana. El tribunal estuvo integrado por las magistradas Yissel Soto, Clara Sobeyda Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López.
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