SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público anunció que recurrirá en apelación la decisión judicial que ordena el pago de RD$7.56 millones a uno de los imputados del caso Camaleón por una controversia relacionada con la devolución de un teléfono celular, al considerar que la sentencia presenta serias irregularidades procesales.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que la decisión fue emitida por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
Según el órgano acusador, la magistrada carecía de competencia para conocer ese incidente, debido a que el expediente había sido remitido desde el 24 de octubre de 2025 al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quedando formalmente desapoderada del proceso.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado adelantaron que el recurso de apelación incluirá cuestionamientos sobre la interpretación realizada por el tribunal respecto a la figura jurídica de la astreinte, al entender que fue aplicada de manera incorrecta.
El Ministerio Público sostiene que la suma fijada por el tribunal resulta desproporcionada y no guarda relación con el objeto de la reclamación, por lo que solicitará que la decisión sea revocada por una instancia superior.
Jonathan Pérez explicó que la institución recibió la notificación oficial de la sentencia y recordó que dispone de un plazo de 20 días para formalizar el recurso de apelación ante el tribunal correspondiente.
El representante del órgano persecutor también argumentó que el tribunal que actualmente conoce el proceso penal por corrupción tampoco tendría competencia para decidir sobre la reclamación vinculada al aparato telefónico, al tratarse de un asunto que, según su criterio, no corresponde a esa jurisdicción.
La decisión judicial dispone el pago de RD$7,560,000 por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con la entrega de bienes que, de acuerdo con la Pepca, ya fueron devueltos al imputado.
No obstante, el Ministerio Público indicó que el único objeto aún reclamado por Álvarez Carbuccia es un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor comercial ronda los RD$3,000, cifra muy inferior al monto establecido en la sentencia.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia figura entre los procesados del denominado caso Camaleón, expediente que también involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a otros imputados.
La acusación presentada por el Ministerio Público sostiene que Álvarez Carbuccia habría emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant con el propósito de favorecer el presunto esquema de corrupción investigado.
Asimismo, el expediente atribuye a Hugo Beras la adjudicación irregular de contratos a empresas que presuntamente no reunían la capacidad técnica requerida, mientras que a Jochi Gómez se le señala como beneficiario de contratos fraudulentos a través de las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además del supuesto control de sistemas tecnológicos vinculados a la gestión del tránsito.
El Ministerio Público recordó que el proceso fue enviado a juicio el pasado 5 de junio y que la primera audiencia está programada para el 11 de agosto ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Los imputados enfrentan cargos que incluyen lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, delitos de alta tecnología, robo de identidad, contrabando, uso de documentos falsos y presuntas violaciones a la Ley de Armas.
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