Santo Domingo, RD.– La revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados en el caso de presunta corrupción en la Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fue fijada para el martes 5 de mayo de 2026 a las 9:00 de la mañana en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Deivi Timoteo Peguero.
En el proceso judicial figura como principal imputado Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, a quien las autoridades señalan como presunto cabecilla de un entramado de corrupción. La investigación fue revelada inicialmente en el programa N Investiga, conducido por la periodista Nuria Piera.
Originalmente, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, había fijado para este 11 de marzo la revisión de la medida de coerción. Sin embargo, tras un recurso interpuesto por los imputados y rechazado el 5 de febrero, el proceso fue reprogramado para el mes de mayo.
El magistrado Sena Ferreras impuso 18 meses de prisión preventiva a Hazim Albainy y a otros implicados en el caso, entre ellos Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Asimismo, el tribunal dispuso arresto domiciliario por un máximo de ocho meses para Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, medida que podría ser modificada si cambian las circunstancias del proceso.
La decisión judicial está contenida en la resolución núm. 0668-2025-SMDC-02421, correspondiente al expediente 2025-0325417, en el cual se investiga a varios exfuncionarios y particulares presuntamente vinculados al entramado.
El Ministerio Público de la República Dominicana acusa a los imputados de haber participado en un esquema que habría provocado un desfalco superior a 19 mil millones de pesos al Estado dominicano a través de SeNaSa.
Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
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