POR MIGUELINA RAMIREZ.– A propósito del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) presentó un documento que evidencia que República Dominicana supera con creces los promedios regionales de mortalidad materna en América Latina y el Caribe. Según el estudio, el país registra una razón de más de 90 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, lo que refleja una problemática que persiste pese a ser considerada una prioridad nacional.
El informe, titulado “Maternidad Segura y Respetuosa de los Derechos Humanos: Deudas, Moras y Violencia Institucional hacia las Mujeres”, señala que la falta de políticas gubernamentales efectivas, la desigualdad social y la deficiente calidad de la atención obstétrica incrementan el riesgo de muerte para mujeres embarazadas y parturientas, especialmente en poblaciones vulnerables como las rurales, afrodescendientes, migrantes o con discapacidad.
Según datos preliminares del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en 2024 hubo 124.8 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, y para 2025 se reportaron 177 muertes acumuladas, muchas de ellas por causas prevenibles como hipertensión durante el embarazo, hemorragias graves, infecciones y abortos inseguros.
Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, y Desiree del Rosario Sosa, coordinadora del CEG-INTEC, destacaron que nueve de cada diez muertes maternas podrían evitarse con atención prenatal de calidad, acceso a métodos anticonceptivos y acciones que reduzcan las desigualdades en salud. Además, denunciaron que el aborto inseguro y la penalización de esta práctica contribuyen a la mortalidad materna en el país.
El documento también evidencia que el Ministerio de Salud Pública carece de políticas actualizadas y planes efectivos para reducir la mortalidad materna y cumplir con los objetivos establecidos por los ODS y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Asimismo, la atención obstétrica en muchos casos se realiza en un entorno de violencia institucional, falta de consentimiento informado y prácticas no recomendadas, incluidas cesáreas innecesarias.
Las académicas del INTEC enfatizan que es urgente trabajar sobre los determinantes sociales de la salud materna y enfocar los esfuerzos en las poblaciones más vulnerables para garantizar atención segura, respetuosa y de calidad, evitando que ninguna mujer quede atrás.
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