La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz solicitó este miércoles al tribunal la exclusión de los informes y 559 anexos elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, al alegar que dichos documentos carecen de base legal y fueron producidos en violación a las garantías del debido proceso y del derecho de defensa establecidos en la Constitución dominicana.
Durante la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia, el abogado defensor Eduardo Núñez sostuvo que los informes cuestionados no derivan de un procedimiento técnico ni imparcial, sino que fueron elaborados sin notificación previa ni participación de las personas investigadas, lo que —según afirmó— compromete su validez jurídica.
Núñez señaló además que las supuestas auditorías fueron realizadas entre los años 2021 y 2024 por una unidad que, de acuerdo con su argumentación, no contaba con existencia jurídica durante ese período, lo que a su juicio invalida todo el material probatorio presentado por el Ministerio Público.
En ese mismo orden, el abogado de Ángel Lockward y de otros imputados en el proceso afirmó que el órgano acusador solicitó la inmovilización de fondos de varias personas sin una orden judicial previa, acción que —sostuvo— vulnera derechos fundamentales consagrados en el marco constitucional.
Respecto a los hechos imputados, la defensa aseguró que los pagos cuestionados corresponden a compromisos legales del Estado dominicano, incluyendo expropiaciones ordenadas mediante sentencias judiciales y transferencias interinstitucionales debidamente registradas. En ese sentido, afirmaron que no existió daño al patrimonio público ni beneficio personal, y que las pruebas documentales demostrarán la inocencia del exfuncionario.
El tribunal continuará conociendo el proceso en las próximas audiencias, mientras el caso sigue generando atención en los ámbitos judicial, político y mediático del país.
Para La Tora TV 69
Miguelina Ramírez
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