La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia acudieron este miércoles a la Procuraduría General de la República para denunciar que se cumple un año del presunto desfalco millonario cometido contra el ARS Senasa, sin que hasta la fecha exista una respuesta judicial contundente.
Las organizaciones señalaron que, pese a la magnitud del fraude, persiste una “impunidad absoluta” atribuida según afirmaron a presiones políticas dirigidas a proteger a los empresarios Eduardo Read Estrella y Santiago Hazim, a quienes vinculan con la supuesta erogación irregular de más de 23 mil millones de pesos correspondientes al Seguro Nacional de Salud en su régimen subsidiado.
De acuerdo con la denuncia, el fraude habría operado a través de sociedades de carpeta como Khersun SRL, Deleste SRL y Farmacard SRL, mediante facturación de atenciones médicas inexistentes. También mencionaron como parte del esquema a varias cadenas farmacéuticas, destacando a Farmacia GBC.
Reclamo de acciones judiciales
El vocero del movimiento, Surún Hernández, expresó que “no existe justificación para que, después de un año de haberse revelado el fraude multimillonario contra Senasa, no se haya producido una acción firme por parte de la Procuraduría General de la República”.
Hernández calificó el caso como “uno de los mayores atentados contra la salud pública y el dinero del pueblo”, asegurando que la falta de consecuencias evidencia la existencia de “grupos corruptos intocables situados por encima de la ley”.
Según afirmó, el perjuicio económico real superaría los 41 mil millones de pesos, afectando directamente los fondos destinados al acceso a la salud de la población más vulnerable del país.
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