Diversos ciudadanos denunciaron este jueves presuntos abusos de poder, maltratos y violaciones a los derechos humanos en la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente de San Cristóbal, donde aseguran que impera un trato autoritario y arbitrario hacia las personas que acuden a cumplir con el pago de multas por infracciones a la Ley 287-04 sobre medio ambiente y contaminación sónica.
sector Madre Vieja Norte, se habría instaurado un sistema de maltrato y desorganización institucional que afecta a los ciudadanos que buscan recuperar sus equipos de sonido, motocicletas o vehículos incautados por violar la normativa ambiental.
Los afectados afirman que el proceso de pago y entrega de los bienes retenidos se ha convertido en una “odisea”, marcada por largas horas de espera, desinformación, burocracia y comportamientos irrespetuosos por parte del personal administrativo y de seguridad.
Ciudadanos hablan de abusos y humillaciones
Testimonios recabados indican que tanto el guardia de seguridad como las asistentes del magistrado a cargo imponen las decisiones dentro de la oficina, sin posibilidad de reclamo o mediación formal. “Aquí nadie tiene derecho a nada, lo que diga el guardia es lo que se hace”, relató uno de los ciudadanos afectados.
El periodista del portal VozLibre.net narró haber vivido personalmente esta situación, asegurando haber sido víctima de un trato humillante y de una total falta de respeto a la libertad de prensa. Según su testimonio, al intentar entrevistar al procurador ambiental Rigoberto Santana sobre las denuncias y los montos de las multas, fue impedido por el personal, quien respondió de manera altanera y arrogante.
“El magistrado no recibe a nadie. Haga lo que usted quiera, aquí mandamos nosotros”, habrían dicho los empleados, según denunció el comunicador.
Reclaman intervención de la Procuraduría General
Pese a que la Ley 287-04 establece procedimientos claros para las sanciones por contaminación acústica, los denunciantes aseguran que la Procuraduría Ambiental de San Cristóbal actúa “con total falta de transparencia y sin garantías para los derechos ciudadanos”.
En el proceso de entrega de vehículos, los munícipes afirman que deben esperar durante horas, incluso después de haber pagado las multas. “Nos dicen que esperemos al chofer, a la guagua o que el procurador está reunido. Pasan cinco o seis horas y seguimos sin respuesta”, expresaron.
El ambiente de inconformidad ha generado momentos de tensión en la institución, que según los denunciantes, podrían desembocar en enfrentamientos si no se toman medidas inmediatas.
Ante la gravedad de las acusaciones, los ciudadanos hacen un llamado a la Procuraduría General de la República para que investigue las actuaciones del procurador Rigoberto Santana y su equipo, con el fin de restablecer el orden, la transparencia y el respeto a los derechos humanos en esa dependencia judicial.
Exigen respeto a la dignidad ciudadana
Los denunciantes enfatizaron que los funcionarios judiciales deben actuar como garantes de la ley y no como instrumentos de abuso o intimidación. “No pedimos favores, pedimos respeto. El Ministerio Público debe dar ejemplo de justicia y humanidad”, afirmaron.
La situación registrada en la Procuraduría Ambiental de San Cristóbal ha despertado la preocupación de sectores sociales y defensores de derechos humanos, quienes piden a las autoridades actuar con urgencia para evitar que este tipo de prácticas continúen vulnerando la dignidad de los ciudadanos.
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