El Ministerio de Salud Pública confirmó a este medio que transfirió de manera gratuita medicamentos y vacunas al Seguro Nacional de Salud (SENASA), insumos que posteriormente fueron reportados por dicha institución como compras millonarias.
Una fuente de alto nivel en Salud Pública explicó que los productos fueron distribuidos sin costo a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), el cual los adquiere a bajo precio mediante el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La validación oficial llega tras la denuncia de la periodista Edith Febles, quien reveló que se trataba de un fraude en proporciones insospechadas.
El mecanismo del fraude
Según las investigaciones, el esquema operaba de la siguiente manera:
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El PAI entregaba gratuitamente los medicamentos y vacunas a centros privados habilitados en varias provincias.
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Estos centros, en lugar de aplicarlos como parte del programa gratuito, los facturaban a SENASA como si se hubiesen adquirido en el mercado privado.
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SENASA registraba esos pagos como gastos justificados en provisión de servicios, pese a que los insumos habían llegado al país sin costo alguno.
Las estimaciones preliminares indican que cerca de 700 millones de pesos habrían sido desembolsados bajo este esquema fraudulento. Solo un centro privado, vinculado a un prominente grupo empresarial, habría facturado hasta 500 millones de pesos por vacunas recibidas gratuitamente.
Operativos y sanciones
El Ministerio de Salud confirmó que en marzo pasado ejecutó operativos de cierre y sanción contra varios de esos centros, retirándoles sus códigos de habilitación. Los establecimientos intervenidos operaban en el Gran Santo Domingo, Baní, San Cristóbal, La Vega y en localidades del Este del país, y actualmente están bajo investigación.
Impacto y preocupación
El caso despierta alarma por las implicaciones para más de siete millones de afiliados de SENASA, cuya cobertura podría verse comprometida por estas prácticas fraudulentas.
La situación se suma a otras denuncias recientes sobre contratos irregulares, pagos ficticios y el crecimiento sospechoso de empresas privadas vinculadas al sistema de salud, lo que ha motivado llamados a que el Ministerio Público acelere las investigaciones y se apliquen sanciones ejemplares.
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