La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) calificó como un hecho trascendental la promulgación del nuevo Código Penal dominicano, destacando que la nueva normativa representa una herramienta poderosa para fortalecer la justicia y combatir la corrupción de manera más efectiva en el país.
Mediante un comunicado, la organización reconoció el liderazgo del presidente de la República, Luis Abinader, así como de los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por impulsar una legislación “esperada durante décadas” y que finalmente fue promulgada como Ley 74-25.
El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, aseguró que el nuevo Código Penal “marca un antes y un después” en la historia judicial de la República Dominicana, al establecer mecanismos robustos para sancionar el uso indebido de los recursos públicos.
“El nuevo Código le dedica un título completo a la corrupción, con capítulos, secciones y subsecciones que abarcan 25 artículos, algunos con múltiples párrafos, dejando claro que por primera vez el país cuenta con un instrumento legal que enfrenta este flagelo de forma frontal”, afirmó De la Rosa Tiburcio.
Puntos claves del nuevo Código Penal según ADOCCO:
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Corrupción como concierto de delitos: Se agrupan conductas como coalición de funcionarios, concusión, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, malversación, sobrevaluación y conflicto de intereses.
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Tipificación del peculado de uso: Penaliza la utilización de bienes del Estado —vehículos, equipos, instalaciones— en beneficio personal o de terceros, con penas de 5 a 10 años de prisión mayor y multas de 10 a 20 salarios mínimos del sector público.
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Prescripción de delitos contra el patrimonio público: Establece un plazo de 20 años para la persecución de infracciones vinculadas al uso irregular de fondos y bienes estatales, ampliando significativamente las posibilidades de enjuiciamiento.
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Sanciones más severas e inhabilitación permanente: Quienes resulten condenados por corrupción no podrán volver a ocupar cargos públicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Constitución dominicana.
La ley, que entrará en vigor en agosto de 2026, también fue valorada como un avance en materia de transparencia institucional, al contemplar nuevas figuras penales y fortalecer la rendición de cuentas en la administración pública.
ADOCCO reiteró su llamado a las autoridades judiciales y organismos de control para que hagan uso riguroso del nuevo marco legal y garanticen que la corrupción no quede impune, advirtiendo que “el verdadero cambio no solo está en la ley, sino en su aplicación firme y coherente”.
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