Santo Domingo, 15 de abril de 2025 – Bajo una creciente ola de indignación nacional, el empresario Antonio Espaillat, gerente de la empresa Inversiones E y L, S.R.L. y propietario del infame Jet Set Club, se ha “puesto formalmente a disposición” del Ministerio Público, tras el colapso del techo de la discoteca que provocó la muerte de 231 personas.
En una carta firmada por él y su abogado, Jorge Luis Polanco, y enviada a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, Espaillat se declara dispuesto a colaborar con las investigaciones. Pero el tono legalista y diplomático de la misiva dista mucho del clamor popular que pide respuestas concretas, responsables claros y consecuencias reales.
“El propósito es de ponerse a disposición de colaborar con esta Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional… acogiendo con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones”, se lee en la carta.
Pero, ¿es suficiente con ponerse a disposición cuando hay más de doscientas familias sumidas en el duelo y la rabia? ¿Dónde estuvo ese compromiso antes del colapso? ¿Quién supervisaba la seguridad de un local que era, según muchos empleados, una bomba de tiempo?
El presidente Luis Abinader confirmó que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) ya investiga si hubo fallas estructurales o negligencias, pero voces críticas cuestionan por qué se permitió el funcionamiento de un local con deficiencias estructurales tan graves como para que su techo colapsara en plena operación.
Por su parte, la fiscal Ramos indicó que las investigaciones comenzaron de inmediato, pero eso no ha sido consuelo suficiente para una sociedad que se siente traicionada por la falta de control estatal y la aparente impunidad de ciertos sectores privilegiados.
Designar un abogado, enviar una carta y prometer cooperación es un gesto correcto, pero insuficiente. El país no necesita declaraciones de buenas intenciones, necesita justicia.
