El Ministerio de Justicia de Corea del Sur ha impuesto una prohibición de salida al presidente Yoon Suk-yeol mientras enfrenta una investigación por cargos de traición, amotinamiento y abuso de poder, relacionados con la reciente declaración de la ley marcial. La medida fue solicitada hoy lunes por la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO), un organismo creado en 2021 para asegurar una investigación imparcial de altos cargos públicos.
Según el máximo responsable del CIO, Oh Dong-hoon, la solicitud fue presentada ante el Ministerio de Justicia, que accedió a imponer la medida. La investigación apunta a Yoon y a varios altos funcionarios gubernamentales y militares involucrados en la polémica declaración de la ley marcial, que se cree fue motivada por intereses políticos, incluyendo la protección de la primera dama, a quien se le atribuyen acusaciones de corrupción.
El CIO, encargado de investigar los casos de alto perfil, ha solicitado que el caso de Yoon sea transferido a la policía y la fiscalía para su manejo. La ley marcial, que fue implementada la semana pasada, ha desatado una fuerte controversia política en el país, con la oposición acusando al presidente de usarla como una estrategia para consolidar su poder.
Crisis Política: Partido Conservador Planea la Renuncia de Yoon
La situación política en Corea del Sur se ha intensificado tras una fallida moción parlamentaria para destituir a Yoon el pasado sábado. El Partido del Poder Popular (PPP), que apoya al presidente, ha indicado su intención de lograr que Yoon deje el cargo de manera “temprana y ordenada”, cediendo sus funciones al primer ministro, Han Duck-soo. Esto incluiría la delegación de asuntos diplomáticos y otros temas estatales en favor de Duck-soo mientras se resuelve la crisis.
El principal partido opositor, el liberal Partido Democrático (PD), ha calificado este plan como anticonstitucional y ha prometido presentar una nueva moción en el Parlamento el miércoles para inhabilitar a Yoon. Para que dicha moción tenga éxito, el PD necesita ganar el apoyo de al menos ocho parlamentarios del PPP, lo que les permitiría alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para destituir al presidente.
Mientras tanto, la tensión política y social sigue creciendo en el país, con un creciente número de ciudadanos que cuestionan la legitimidad de la declaración de ley marcial y la reacción del gobierno ante la crisis.
