La ciudad de Washington presentó este jueves una demanda federal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusándolo de violar la Constitución y la ley federal tras ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital sin el consentimiento de las autoridades locales.
La acción legal fue interpuesta por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, quien solicitó a la Corte de Distrito de D.C. declarar la medida como “inconstitucional e ilegal”.
Los acusados en la demanda
Además de Trump, la denuncia también nombra como demandados a varios miembros de su Administración:
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Pete Hegseth, secretario de Defensa
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Pam Bondi, fiscal general
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El Ejército de EE.UU.
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Los departamentos de Justicia y Defensa
Según Schwalb, la decisión del mandatario de desplegar tropas armadas en la ciudad “sin el consentimiento expreso de la alcaldesa” constituye un abuso de poder y una violación directa de la autonomía del Distrito de Columbia.
Precedentes legales y argumentos
El recurso judicial se apoya en la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para labores de seguridad interna sin autorización explícita del Congreso o de la Constitución.
Schwalb recordó que, hace apenas unos días, un juez federal de San Francisco dictaminó que Trump violó la ley al ordenar un despliegue similar en Los Ángeles, también sin aprobación de las autoridades locales.
“El presidente ha pasado por alto un principio fundamental de la democracia estadounidense: las fuerzas militares no deben involucrarse en la aplicación de la ley dentro del territorio nacional”, declaró Schwalb, advirtiendo que ninguna jurisdicción debería ser sometida a una ocupación militar involuntaria.
Contexto de la intervención militar
El pasado 11 de agosto, Trump asumió el control de la seguridad en Washington durante un plazo inicial de 30 días, amparándose en una ley federal que le permite intervenir la autoridad local bajo el argumento de “emergencia por alta criminalidad”.
El mandatario activó a 800 miembros de la Guardia Nacional, cifra que se elevó a más de 2.000 militares con el refuerzo de efectivos provenientes de seis estados gobernados por republicanos.
La semana pasada, además, Trump tomó control de la estación central de Washington, Union Station, incluyéndola dentro de su estrategia nacional de seguridad.
Próximos pasos
La Corte de Distrito de D.C. deberá pronunciarse sobre si admite la demanda y si dicta una medida cautelar para suspender el despliegue militar en la capital mientras se analiza la constitucionalidad de la acción presidencial.
El caso promete escalar políticamente, pues enfrenta a Donald Trump con las autoridades locales de Washington D.C., y podría sentar un precedente histórico sobre los límites del poder presidencial en situaciones de emergencia.
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