San Salvador, El Salvador – Un grupo de abogados contratados por el gobierno de Venezuela presentó este lunes un recurso de hábeas corpus en El Salvador, exigiendo la liberación de 238 ciudadanos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos y actualmente se encuentran detenidos en una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano. Los abogados argumentan que los detenidos no tienen vínculos con organizaciones criminales y fueron arrestados por su estatus migratorio irregular.
El abogado Jaime Ortega, del bufete Grupo Ortega, explicó que su firma representa a 30 de los 238 ciudadanos venezolanos, quienes fueron deportados hace poco más de una semana y trasladados al Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de alta seguridad en El Salvador. Ortega aseguró que los detenidos no están relacionados con el Tren de Aragua, una de las bandas criminales más señaladas por Estados Unidos. En su mayoría, los venezolanos fueron arrestados por problemas migratorios, no por actividades delictivas.
“El grupo de detenidos incluye incluso a un cantante, y ninguno de ellos tiene antecedentes criminales. Los arrestos fueron realizados únicamente debido a su estatus migratorio irregular en Estados Unidos”, destacó Ortega.
La solicitud de hábeas corpus
El hábeas corpus presentado busca garantizar la libertad física y la integridad de los detenidos, y verifica si las detenciones fueron justificadas bajo la ley. La demanda argumenta que los 238 venezolanos no forman parte del Tren de Aragua y, por lo tanto, no deberían estar sometidos a condiciones de máxima seguridad ni enfrentar la acusación de pertenecer a una organización criminal.
Acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó que los primeros 238 presuntos miembros del Tren de Aragua llegaron a El Salvador el 16 de marzo y fueron trasladados inmediatamente al CECOT. Este acuerdo, concretado el mes pasado entre El Salvador y Estados Unidos, contempla la transferencia y custodia de migrantes detenidos en territorio estadounidense.
El acuerdo estipula un costo aproximado de 20,000 dólares por cada prisionero, con la posibilidad de recibir más miembros de pandillas en el futuro. Como parte del intercambio, el gobierno estadounidense también envió a El Salvador a 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), a cambio de la custodia de los venezolanos.
Reacciones y defensa de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el proceso de verificación de los deportados, asegurando que estos fueron sometidos a una rigurosa evaluación para confirmar su vinculación con el Tren de Aragua y otros grupos criminales. Sin embargo, la solicitud de hábeas corpus por parte de los abogados venezolanos sugiere que el proceso de verificación podría haber sido insuficiente en algunos casos.
